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Legislativas

Avalan diputados ley para que ningún servidor gane más que el presidente

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El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para regular sueldos y prohibir que cualquiera de ellos supere las percepciones del presidente de la República.

En el primer ordenamiento aprobado por la LXIV Legislatura, la nueva ley reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política y reforma el Código Penal Federal, en el que se establece el delito de “remuneración ilícita”, con sanciones hasta por 14 años de prisión y multa de tres mil veces “el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal”.

Así como la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a 14 años.

Durante los posicionamientos en lo general, la priista Dulce María Sauri Riancho, aclaró que su bancada está a favor que se regulen las remuneraciones de los servidores públicos, “pero que se haga bien”.

Argumentó que no comparten que se apruebe sin cambios esta minuta que está desactualizada, que genera incertidumbre jurídica y que plantea problemas de aplicación, y al respecto citó algunas razones: obsolescencia legislativa, falta de armonización legislativa, ausencia de consideración sobre regímenes especiales, además de que provoca choque presupuestario y constitucional.

Por ello la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó a que la norma que se apruebe “sea la que está esperando el pueblo de México y no un ejercicio demagógico o de simulación”.

La panista Laura Angélica Rojas afirmó que su bancada está a favor de “topar el salario de los servidores públicos en este país y afirmó que la primera iniciativa en la materia fue presentada en el año 2002, por el entonces diputado Felipe Calderón.

A su vez, el morenista Pablo Gómez Álvarez reprochó que se les acuse de legislar a la carrera, rápido y mal, y dijo que los señalamientos en contra de las bancadas del PAN, PRI y PRD “son pretextos” para no aprobar una ley que ha esperado demasiado tiempo.

En tanto, Antonio Ortega Martínez, del PRD, acusó que la minuta está desfasada, por lo que es preciso actualizarla, y dijo que la prisa obedece al problema de la judicialización de la administración pública sobre jubilaciones adelantadas, recursos de amparo y despidos, entre otros.

A su vez, el diputado de Encuentro Social, Ernesto Vargas Contreras señaló que la discusión de la minuta responde a un mandato constitucional y a un reclamo de justicia por parte de los mexicanos en relación a los privilegios y altos sueldos que recibe la clase política y funcionarios públicos.

En su turno, el legislador del Movimiento Ciudadano, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla señaló que votarían a favor de la minuta, ya que esa fue la promesa a sus electores y debe cumplirse.

El diputado del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya se pronunció por cumplir con la promesa de ajustar los salarios y reiteró que su grupo parlamentario está a favor de la minuta y de terminar con los privilegios y las desigualdades.

Finalmente, el diputado del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega reconoció que la minuta requeriría un perfeccionamiento, “sin embargo hoy no estamos en condiciones para decirle que no a una demanda muy clara de la ciudadanía”.

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Necesario que SRE revise mecanismos de traslado de restos de mexicanos muertos en EU

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La secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (PT) propuso revisar los mecanismos usados en el traslado de los restos de mexicanos fallecidos en Estados Unidos, con el fin de eficientar y solventar obstáculos en la tramitación administrativa.

En un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria pide que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la medida de lo posible, incremente el apoyo por pago de gastos funerarios a familiares solicitantes que demuestren probada necesidad económica.

Relató que durante los trabajos del Foro Migrante, en Los Ángeles, California, se planteó lo difícil y complicado de los trámites para trasladar los cuerpos desde territorio estadounidense.

Destacó que México ofrece, a través de sus consulados el Programa de Traslado de Restos, para asesorar y atender a los familiares, en el visado de los documentos que le son requeridos. El trámite puede ser entre cinco a diez días, después de fallecido, dependiendo de la causa del deceso, disponibilidad de vuelos y servicios funerarios; el pago para el traslado, varía entre dos mil 500 a tres  mil 500 dólares, lo que significa un gasto de 50 mil a 70 mil pesos.

“El tema no es fácil, pues además de la pena que aqueja a los familiares por la pérdida de su ser querido, también deben enfrentar los tortuosos trámites administrativos, así como el muy elevado costo para el pago de la funeraria”.

Domínguez Vázquez indicó que de acuerdo a datos periodísticos, de 2010 a 2016, regresaron a México en féretro 33 mil 328 mexicanos, lo que significa en promedio 4 mil 700 restos por año, de los cuales dos de cada cinco, eran originarios de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Guerrero.

El 2015 fue el año en que se trasladaron más cadáveres, con un total de 5 mil 103. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pagó el regreso de dos de cada tres mexicanos fallecidos en Estados Unidos, gastando aproximadamente 5 millones 258 mil dólares.

La diputada del PT consideró fundamental que en los consulados se lleven a cabo acciones que permitan agilizar los trámites, así como, en la medida de lo posible, ampliar el apoyo a un mayor número de solicitantes que demuestren probada necesidad económica, para el pago de los gastos funerarios.

“Debemos garantizar que los mexicanos que mueren fuera de este país, tengan derecho de regresar a su patria y puedan ser enterrados junto a sus abuelos, padres, hijos o hermanos; esto habla de identidad, costumbres y creencias”, añadió.

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Exigen que entidades prevengan, atiendan y sancionen el acoso sexual en el transporte

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La diputada Norma Adela Guel Saldívar (PRI) propuso exhortar a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, implementen acciones para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual contra las mujeres en el transporte público y privado.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Igualdad de Género, precisa que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el transporte público más inseguro del mundo para las mujeres está en América Latina y el Caribe; seis de cada diez han sufrido algún tipo de acoso mientras se desplazaban.

Según el Instituto de las Mujeres de Ciudad de México, diariamente más de 15.7 millones de personas residen, trabajan o visitan la capital del país, y menos de la mitad son mujeres usuarias de los servicios y equipamientos urbanos.

Guel Saldívar detalla que en el primer semestre de 2018, las denuncias por acoso sexual aumentaron 42 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, según la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. De enero a junio del año pasado, se contabilizaron 119, y este año la cifra pasó a 169. El transporte público es el ámbito donde más agresiones ocurren, aunque le anteceden los de la vía pública y el entorno cercano.

Menciona que, de acuerdo con el estudio “El porqué de la relación entre género y transporte”, elaborado por el BID en 2015, el 40 por ciento de las mujeres entrevistadas en la Ciudad de México modifica su vestimenta para evitar algún tipo de violencia en el Metro. El 4.5 por ciento, incluso, ha dejado su trabajo o estudio por causa de la violencia en el Sistema de Transporte Colectivo.

El informe “Las mujeres y los medios de comunicación”, publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), asegura que, en general, los medios de comunicación siguen fomentando los roles tradicionales de mujeres y hombres, pues en revistas y publicidad, “la población femenina sigue apareciendo como objeto sexual, a pesar de la intención de cubrir su imagen con un barniz de modernidad y presentarla desarrollando roles profesionales”.

Además, en Puebla, 32.3 por ciento de las mujeres dijo que le recargaron el cuerpo; el 23.1 sufrió acoso mediante el tocamiento de los genitales frente a ellas; al 21 por ciento le manosearon el cuerpo y el 3 por ciento padeció la eyaculación de algún individuo. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, siete de cada 10 mujeres señalaron haber sido víctimas de acoso en los últimos 12 meses.

Asegura que la violencia contra la mujer no solo es simbólica, iconográfica y verbal, sino también a través de la difusión de sus fotografías sin su consentimiento en los espacios públicos y, en particular, en redes sociales, convirtiéndose en sexting.

La diputada Guel Saldívar expone que el acoso sexual también puede presentarse como chantajes e incluso con amenazas de perder el empleo, para que acceda a comportamientos de connotación sexual. Es decir, se vive de manera cotidiana u ocasionalmente en el transporte público, en el trabajo, las escuelas, los centros deportivos, mercados, calles, universidades, hospitales y en el propio hogar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 10 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o por terceros en algún momento de su vida. El 35 por ciento de las que son adultas y niñas sufre alguna forma de este tipo de agresiones, cifra que alcanza 70 por ciento en algunos países.

Por ello, afirma, es fundamental exhortar a los gobiernos de las entidades federativas para que lleven a cabo acciones para prevenir y sancionar el acoso sexual de las mujeres en el transporte público y privado, a fin de garantizar su integridad y dignidad humana.

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En México, mueren más de 60 mil animales por maltrato

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  • Piden cárcel para quien los lastime, torture o mate

Por Juan R. Hernández

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) propuso castigar con tres meses a cinco años de prisión, y de 300 a tres mil días multa, a quien cometa actos de crueldad y maltrato, por omisión inexcusable o de manera deliberada e intencional, en perjuicio de cualquier animal, perpetrados por sus propietarios, poseedores, tenedores, encargados o terceros que entren en relación con ellos.

La legisladora, secretaria de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, refirió que, de acuerdo con cifras de la asociación Anima Naturalis, en México mueren 60 mil ejemplares al año bajo esas condiciones, lo que coloca al país “en un penoso tercer lugar a nivel mundial en el registro de maltrato animal”.

Por ello, mediante una iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal Federal, se busca castigar los actos de tortura, mutilación, falta de atención médico-veterinaria, abandono en la vía pública o desatención por periodos prolongados, entre otros aspectos.

La diputada precisó que a nivel federal no hay legislación que penalice el abuso, ni mucho menos que reconozca su bienestar, como sujetos de derechos y seres sintientes, aun cuando en 13 entidades de la República se les protege del maltrato a través de sus leyes.

México debe adaptarse a estándares internacionales, reconocer los derechos de los animales y condenar su maltrato, para mejorar la calidad de vida y “evitar que la conducta violenta o la indiferencia escale hacia las personas”, sostuvo.

La propuesta, remitida a la Comisión de Justicia, contempla agregar en la denominación del Título Vigésimo Quinto el término “Maltrato Animal”, y en su Capítulo Segundo, incluir el de “Bienestar Animal”.

Agrega el Artículo 419 Ter para imponer la sanción referida y especificar los casos en que se aplicará, como causarles la muerte a través de cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento, y sacrificarles empleando métodos diversos a los establecidos en normas oficiales mexicanas y, en su caso, en las normas zoológicas.

También plantea castigar cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales sin causa justificada, y cuando no se realice bajo el cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada que cuente con conocimientos técnicos en la materia.

Incluye todo hecho, acto u omisión que cause dolor, sufrimiento, ponga en peligro la vida o afecte el bienestar de un animal, así como hacerlo objeto de tortura o maltrato por maldad, brutalidad, egoísmo, negligencia o diversión.

Sanciona, además, el hecho de no brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran o determinen las condiciones para su bienestar; privarles de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo, cuidados médicos y alojamiento, acorde a su especie, y abandonarlos en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por periodos prolongados.

En caso de sacrificio, especifica, deberá ser humanitario, conforme lo establecen las normas oficiales mexicanas y zoológicas; si el animal no es apto para consumo humano, sólo se permite su muerte si sufre accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que comprometan su bienestar; igual, si se trata de especies que constituyan una amenaza para la salud, la economía del dueño o los que por exceso de su especie signifiquen peligro grave para la sociedad.

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