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México nunca se ha permitido la injerencia en otro país ni debe opinar sobre sus elecciones: Muñoz Ledo

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El presidente de la Comisión Permanente, diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) señaló que México nunca se ha permitido la injerencia en otro país y que jamás se debe de opinar sobre las elecciones de otra nación.

Lo anterior, en la sesión de hoy en el apartado de Agenda Política, en la que los legisladores fijaron sus comentarios sobre la posición del gobierno de México en la reciente reunión del Grupo de Lima, en donde nuestro país afirma que en fiel seguimiento a sus principios constitucionales se abstendrá de cualquier tipo de pronunciamiento respecto de la legitimidad del gobierno venezolano.

Muñoz Ledo señaló que una cosa es la denuncia de un país y otra el reconocimiento de un gobierno. Lo que dice la Doctrina Estada es muy sencillo, que no hay reconocimiento de gobierno. “Ningún país tiene el derecho de reconocer a otro porque es un acto intervencionista”.

Agregó que cuando hay graves violaciones en un país a derechos universales, como son los humanos, “ahí nos vamos al Consejo de Derechos Humanos”.

Al iniciar los posicionamientos del tema promovido por el PRI, la diputada Dulce María Sauri Riancho consideró necesario exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a encontrar una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis multidimensional que padece Venezuela y promover el liderazgo de México en esfuerzos diplomáticos que renueven su capacidad histórica que ha tenido para intervenir exitosamente en esa solución.

Se manifestó para que México tenga una intervención proactiva en apego a los principios constitucionales en materia de relaciones exteriores, a fin de lograr un arreglo al conflicto que vive el pueblo venezolano. “No se trata solamente de su gobierno, sino de los millones de mujeres y hombres que se han visto obligados, por las condiciones que rodean en este momento la política venezolana, a abandonar su país y tener que trasladarse a otras regiones de América y del mundo”.

La senadora Verónica Camino Farjat (PVEM) señaló que la postura de su partido es pedir elecciones claras y transparentes al actual, y “si va a ser un presidente carnal, pues trabajemos en conjunto para poder ayudarlos”.

Recordó que el Senado de la República hace un pronunciamiento cada año para que Estados Unidos levante el bloqueo económico a Cuba; sin embargo, dijo, “no ha pasado nada, pero nosotros ahí seguimos firmes apoyando a los ciudadanos cubanos y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hermanos venezolanos”.

Del PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña resaltó que si México aspira a recuperar el papel preponderante de la política latinoamericana, no puede pasar de largo y simplemente decir que los principios de política exterior le impiden al gobierno tomar una posición respecto de la lamentable situación de los derechos humanos en Venezuela.

“No concordamos con la posición del gobierno federal porque la salida que ha tomado es la más sencilla. Exigimos desde aquí que tome una posición clara y contundente en favor del pueblo de Venezuela, en la defensa de sus derechos y, específicamente, logremos retomar el papel que ha tenido México históricamente como baluarte de la política latinoamericana en beneficio de los pueblos”, afirmó.

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (PES) coincidió con la postura del gobierno federal y dijo “no hay otra opción. Alguna otra postura sería violatoria de los principios normativos que ya acota la propia Carta Magna”.

Se manifestó a favor de una política exterior respetuosa de la determinación de las naciones respecto de su vida interna. “Coincidimos en la participación por la vía diplomática y conciliatoria de organismos internacionales neutrales y con apego a los derechos del pueblo venezolano para resolver la crisis que este país vive. Más que reclamar, demandar o exigir, debemos trabajar en un proceso de conciliación”.

La diputada de MC, Julieta Macías Rábago, argumentó que según la BBC, en Venezuela diariamente 5 mil personas huyen del país, dado el colapso económico y la crisis humanitaria, sumándose a los más de 3 millones que han salido en los años recientes. De acuerdo con la ONU, esta cifra alcanzará los 5 millones para finales de este año.

“El nuevo gobierno está tomando un camino equivocado al ejercer una actitud desinteresada hacia la región, no solo con Venezuela, sino también en países más cercanos como Honduras y Nicaragua, donde, sin importar que sea de izquierda o derecha, ambos experimentan graves crisis que amenazan los derechos humanos de su población. Es prioritario que México retome liderazgo en la región”, añadió.

Armando Javier Zertuche Zuani, diputado del Morena, expuso que la posición del gobierno es congruente con los principios históricos de la política exterior mexicana, en particular la Doctrina Estrada.

“México no puede erigirse como juez de presuntas violaciones a derechos humanos como motivo para calificar la legalidad o no de un gobierno, por la sencilla razón de que en este país se cometieron infinidad de infracciones. México debe interponer sus buenos oficios para coadyuvar en la solución de los problemas en Venezuela, pero en ningún caso asumirse como interventor o imponer su decisión”, agregó.

La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN) señaló que la posición que México ocupó en el Grupo de Lima y su mensaje, es una regresión. “Este gobierno ha decidido darle reversa a una política exterior constructiva, de conciliación y reconciliación”.

“Desde esta tribuna le decimos a la comunidad venezolana que no están solos, que seguirán contando con mexicanas y mexicanos que reconocemos cómo se han violado sus derechos humanos, reconocemos la violencia que se ha generado y desde aquí le decimos a ese gobierno que mañana usurpará el dictador Nicolás Maduro, que en México no seguirá siendo bienvenido y mucho menos reconocido”, aclaró.

Minerva Citlalli Hernández Mora, senadora de Morena, resaltó que el gobierno mexicano en su posicionamiento en el Grupo de Lima fue muy claro, nunca negó la lamentable situación que está viviendo el pueblo venezolano, sino fue una postura distinta en política internacional que plantea “que no es a través del no reconocimiento de un presidente que se van a resolver los problemas de un pueblo”.

Mencionó que el gobierno está llamando al diálogo, a la permanencia en el Grupo de Lima para construir una dinámica distinta. “La política internacional que tiene ahora el gobierno mexicano es justamente de colaboración”.

Vanessa Rubio Márquez, senadora del PRI, indicó que los principios de no intervención y autodeterminación no eximen que México honre su tradición de resolución pacífica de conflictos, de mediación, de diálogo, de volver a restablecer el orden constitucional, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

Llamó a considerar a la política exterior como lo que es: una política de Estado. Por eso, acotó, es importante que esta soberanía sea escuchada por el gobierno federal a través de la cancillería, “que, estamos seguros puede ejercerla de manera apropiada en organismos internacionales y jugando un papel activo, llamando al restablecimiento del orden constitucional, al diálogo, a la paz, al respeto a los derechos humanos en Venezuela”.

El senador Rubén Rocha Moya (Morena) resaltó que las democracias ni se importan ni se exportan, se construyen en su pueblo, y aquí “en México nosotros la estamos construyendo y hemos vencido al fraude electoral, por eso Andrés Manuel López Obrador ahora es el Presidente de la República”.

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Diputados aprueban en lo particular creación de Guardia Nacional

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Con el voto de Morena y sus aliados, al que sumó al PRI, PVEM y algunos del PRD, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada en lo general y particular las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, que tendrá dirección civil y una Junta de Jefes de Estado Mayor, integrado por los secretarios de Seguridad, Defensa Nacional y Marina-Armada de México.

Tras un largo debate de más de nueve horas, el dictamen para crear la Guardia Nacional que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue turnado al Senado de la República para su eventual aprobación.

Los legisladores avalaron los 13 artículos constitucionales en lo particular con 348 votos a favor, 108 en contra y 10 abstenciones, mientras que en lo general se aprobó con 362 votos en pro, 119 en contra y cuatro abstenciones, estas últimas de los morenistas Tatiana Cloutier, Lidia García Ayala y Hugo Rafael Ruiz Lustre, así como el diputado de Encuentro Social, Ernesto Vargas.

Mientras que los cinco diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que votaron a favor del dictamen en lo general fueron Héctor Serrano, Mauricio Toledo, Emmanuel Reyes, Estefanía Rosas y Raymundo García.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso 42 votos a favor del dictamen, tras fijar su postura de que son una oposición responsable y no actuarán con mezquindad ni a regatear nada en un tema tan sensible como la seguridad.

En la discusión en lo general y particular, la diputada María Guillermina Alvarado, de Morena, calificó como una mentira que se pretenda militarizar al país, sino al contrario, se trata de crear una nueva institución que realice las labores que hoy en día y desde hace más de 12 años, sin pedirlo, hace el Ejército.

En su turno, la priista María Alemán Muñoz Castillo reiteró que su bancada nunca actuará con mezquindad ni regateos y mucho menos lo harán ahora en un tema tan sensible como la seguridad de los mexicanos.

Reconoció la voluntad para incorporar las observaciones transcendentes que hizo el PRI en materia de mando civil, capacitación y formación policial de los elementos de la Guardia Nacional, entre otras, y refrendó que el partido tricolor no será el pretexto del gobierno para no cumplirle a los mexicanos.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, reprochó que los que ayer recriminaban que se habían tomado decisiones para enfrentar al crimen organizado sin información suficiente, hoy avalan un dictamen que no se reconoce como tal.

“Mi única respuesta es que ustedes como bancada perdieron toda voluntad, se arrodillaron …”, subrayó.

En su turno, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, advirtió que su bancada está en contra de la militarización de la seguridad pública, porque las evidencias demuestran que esa no es la solución a la crisis de violencia e inseguridad que se vive en el país.

“Y esta reforma sólo deja un mando civil simbólico y militariza constitucionalmente la seguridad”, afirmó.

En su turno, la diputada perredista Mónica Bautista Rodríguez llamó a la consciencia de la bancada de Morena para hacer una Guardia Nacional civil en todos sus aspectos.

También pidió a los diputados que hoy defienden con energía la militarización de la seguridad pública, a que no olviden que algunos fueron reprimidos en 1968, cuando el movimiento estudiantil fue sometido por los militares a balazos, muertes y cárcel.

Desde su curul, el diputado priista y general en retiro, Benito Medina Herrera, reprochó las críticas a las fierezas armadas, quienes siempre han sido leales al mando supremo en turno y sobre todo al pueblo de México.

“No es justo que con el afán de ganar puntos o acuerdos se tenga que usar este tipo de expresiones en contra de instituciones; no se vale que se empleen estos términos para utilizarlo con ventajas políticas”, subrayó.

El dictamen con la adenda, tras las audiencias públicas y avalado por el pleno, establece que la Federación contara con una institución policial de carácter y dirección civil denominada Guardia Nacional.

Precisa que la institución será responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, la preservación de los bienes y recursos de la nación, así como la colaboración con las entidades federativas en los objetos anteriores.

La ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional adscrita a la secretaría del ramo de seguridad y que tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor integrada por las dependencias de Seguridad, Defensa Nacional y Marina.

Asimismo, señala que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones.

Además, establece plazo para que dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, el Congreso expedirá la Ley de la Guardia Nacional.

También dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones.

El documento establece que los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional, en el ejercicio de las funciones de la misma, serán conocidos por la autoridad civil competente, en tanto que las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidos por las autoridades y tribunales militares que correspondan.

Los detenidos deberán ser puestos a disposición en instalaciones de las autoridades que correspondan.

El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El cual estará sujeto al establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública al que las entidades federativas y los municipios, a través de sus órganos de policía, deberán suministrar la información de que dispongan en la materia conforme a la ley.

El sistema contendrá también la base de datos criminalísticos y de personas para las instituciones de seguridad pública.

Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad si no ha sido debidamente certificada y registrada en dicho sistema.

La Guardia Nacional se constituirá con los elementos de las policías Federal, Militar y Naval que determine en acuerdos de carácter general el Ejecutivo federal.

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Legisladores simpatizan con propuesta de Heath como miembro de Banxico

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Diputados y senadores de la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión externaron su simpatía por la propuesta de Jonathan Ernest Heath Constable como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), quien les manifestó que de continuar el desabasto de gasolina podría presentarse dos elementos económicos importantes.

Se refirió a la escasez de alimentos y alza en su precio y a una baja de consumidores en establecimientos como restaurantes, cines o plazas comerciales.

Resaltó que el Índice Global de Actividad Económica podría presentarse con tasa negativa; “el problema tendría que resolverse en un par de semanas para que los efectos sean mínimos”.

En cuanto al Indicador de Confianza al Consumidor, señaló que actualmente está en los niveles más altos de los últimos 10 años, pero si se extiende la falta de combustibles podrían verse repercusiones.

Sobre el crecimiento económico para 2019 y 2020, dijo que “se ve difícil alcanzar el cuatro por ciento” y explicó que en el primer año de cada sexenio, históricamente, siempre hay una desaceleración; es una consideración que se tiene en cuenta; “un cambio de gobierno tiene más implicaciones, por lo que el efecto es natural”.

Anticipó que para este año se estima un crecimiento de entre dos y 2.2 por ciento; es decir, similar al de 2018; “hay puntos clave para avanzar, como propiciar la inversión privada, aunque ante lo que pasa en este momento hay inquietud e incertidumbre”.

En su oportunidad, el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, mostró su beneplácito porque un analista reconocido por los mercados nacionales e internacionales es la propuesta del presidente de la República para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México.

Asimismo, el morenista reconoció el éxito del Banco de México por mantener estable la inflación; sin embargo, “tenemos las tasas de interés más altas del mundo, tal vez, después de Turquía y Argentina, estamos dentro del grupo de economías emergentes con mayor tasa”.

Miguel Ángel Chico Herrera, también de Morena, recordó que el objetivo prioritario de Banxico es preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional y para ello resulta fundamental la existencia de un entorno de estabilidad de precios.

Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Minerva Hernández Ramos preguntó su opinión sobre la magnitud de los aumentos recientes en el salario mínimo y el posible impacto que tendrían en la inflación, qué medidas deben observarse para fortalecer el marco macroeconómico y qué postura debería asumir el Banco respecto a la regulación de las comisiones bancarias.

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Dulce María Sauri Riancho pidió conocer cuál sería su principal aportación a la Junta de Gobierno del Banco de México, desde su trayectoria mixta en la banca privada, en servicio público y en la academia.

Destacó que Jonathan Heath se perfila como el gran traductor del idioma de Banxico hacia la ciudadanía. “Hay excelentes estudios sobre desarrollo regional que podrían ser útiles si tienen una expresión más cercana para quienes tomamos decisiones, en particular, uno sobre la paridad del peso-dólar en la frontera norte”.

La senadora del mismo partido Vanessa Rubio Márquez preguntó sobre los efectos que pueda tener la parte macro en la estabilidad de precios, inflación y de expectativas de crecimiento del fenómeno que se vive en el país por el desabasto de combustibles y qué costos puede tener para la economía.

“Nadie pone en duda el valor de combatir un fenómeno delictivo que es el ‘huachicoleo’, pero sí la estrategia que está provocando un desabasto significativo”, opinó y se congratuló con la propuesta de designación de Jonathan Heath al contar con credenciales académicas, de formación y de experiencia.

En su oportunidad, la diputada de Encuentro Social Adriana Paulina Teissier Zavala expresó que su fracción parlamentaria busca crear un liderazgo político constructivo, ético y socialmente ejemplar y consideró que los líderes que gobiernen el país deben estar dispuestos a compartir el poder, porque éste debe ser patrimonio de todos y no de unos cuantos.

En tanto, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano, indicó que el actual gobernador de Banxico considera que el desabasto de gasolinas puede convertirse en un factor de riesgo para la inflación, por lo que interrogó si tiene algún dato de cómo afectaría, cuáles serían los límites y el impacto posible a la inflación de no acudir al esquema de suavización que se tenía para el IEPS en gasolinas y que cambió del año anterior a éste.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática José Ricardo Gallardo Cardona preguntó si a corto plazo se puede reducir la tasa de inflación y si no se puede, ¿cuándo sería y bajo qué metodología se puede lograr?

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Empleo de la Guardia Nacional será de competencia civil y bajo ninguna circunstancia la dependencia suplirá al Ministerio Público: Sedena

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El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Luis Crescencio Sandoval González, aseguró que la responsabilidad del empleo de la Guardia Nacional será de competencia civil y bajo ninguna circunstancia la dependencia federal suplirá al Ministerio Público.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la encargada de dirigir el esfuerzo principal en esta materia de seguridad pública, a través de la generación de estrategias, la planeación y la determinación de las actividades que realice la Guardia Nacional”, comentó en el marco del tercer día de las audiencias públicas para analizar la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional.

La ejecución de sus funciones corresponderá a la autoridad civil de más alto rango; tal y como lo establece el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, documento rector que da origen a esta fuerza.

Durante su participación en la Mesa 8 : “Seguridad, Construcción de la Paz y Guardia Nacional”, explicó que respecto del ámbito de competencia del Ministerio Público, “la participación de este cuerpo de seguridad será únicamente en apoyo de dicho ministerio y bajo ninguna circunstancia suplirá a esta representación social”.

Expuso que dentro de los lineamientos de operación de la Guardia Nacional a la Sedena “únicamente” le corresponderá ejecutar las tareas y funciones de los planes diseñados por las coordinaciones de seguridad y en apego a las disposiciones elaboradas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Aclaró que el control operativo en las comunidades donde se desplegará la Guardia Nacional, le corresponderá “a un elemento de la misma por contar con el conocimiento técnico para dirigir la fracción asignada en el área jurisdiccionada a cada coordinación regional”.

Dicho personal estará capacitado y adiestrado en las funciones policiales con sus obligaciones y responsabilidades, “pero siempre lo hará apegado a los ordenamientos jurídicos correspondientes y su actuación será con énfasis en el respeto a los derechos humanos”.

Sandoval González destacó que para complementar la capacitación se implementarán conocimientos técnico-policiales de “máximo nivel” orientados al personal de Policía Militar y Policía Naval, así como al personal civil, con el objetivo de proporcionar a todos los miembros “una sólida formación en el respeto a los derechos humanos, equidad de género, proximidad social, prevención del delito y atención a las víctimas”.

Aseveró que existirá un control permanente a través de las coordinaciones estatales y regionales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “fase esencial para el seguimiento de las operaciones que realice la Guardia Nacional”.

Respecto del reclutamiento y capacitación, las “actividades que iniciarán una vez que se aprueben las reformas jurídicas correspondientes”.

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