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Legislativo

Pide PAN respetar los derechos laborales de los trabajadores de la Administración Pública

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La senadora Minerva Hernández Ramos llamó al Ejecutivo Federal a respetar los derechos laborales de los trabajadores de la Administración Pública y fomentar la creación de empleos dignos.

Asimismo, destacó que solicitará un informe detallado del número de servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, y empresas productivas del Estado, por remuneración y nivel jerárquico, que han sido despedidos hasta este momento.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN adelantó que presentará, ante el Pleno de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo con el propósito de contar con datos precisos de la situación que enfrenta el personal de las instituciones públicas.

Recordó que el pasado 21 de diciembre se dieron a conocer despidos masivos en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, SAT, de todo el país.

“Todos ellos cometidos bajo presuntas violaciones a sus derechos laborales y sin que se detallara el número de plazas canceladas ni su nivel jerárquico”, apuntó la senadora por Tlaxcala.

Aunado a esto, señaló que en días recientes, el director del Instituto Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, anunció el despido de 3 mil trabajadores, los cuales se realizarán en áreas administrativas y médicas del personal que estaba contratado bajo el régimen de honorarios o eventuales.

Hernández Ramos destacó que Acción Nacional apuesta por un sistema económico que genere igualdad de oportunidades y condiciones para ejercer sus derechos, en la que se incentive una mejora constante en el nivel de vida de las personas y se respete la dignidad humana.

En este sentido, dijo, es necesario dar prioridad a la protección del ingreso de las familias mexicanas, y aseveró que no se puede pretender aplicar una política disfrazada de austeridad presupuestal en perjuicio de las conquistas laborales.

“Ante el reclamo y presiones de la sociedad, el Ejecutivo Federal se comprometió a realizar una revisión caso por caso, y respetar los derechos de los servidores públicos que han sido despedidos. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer propuesta de solución a este conflicto”, mencionó la senadora Minerva Hernández Ramos.

Legislativo

Recibe Senado terna de aspirantes para encabezar la Fiscalía General

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Al iniciar la sesión de este jueves en el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, confirmó que se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con los nombres de Bernardo Bátiz, Alejandro Gertz y Verónica de Gyves para elegir de ahí al próximo fiscal general.

Con este paso, se inicia el siguiente parte del proceso para que la Cámara de Senadores elija a quién encabezará la Fiscalía General de la República durante los próximos nueve años.

Conforme a lo acordado por la Junta de Coordinación Política y aprobado por el pleno la noche del miércoles, los nombres que integran la terna serán enviados a la Comisión de Justicia para que ésta cite a los tres interesados a comparecer en un proceso de parlamento abierto.

En dicho proceso se escucharían los planes y proyectos de cada uno de los tres aspirantes y se elegirá al que más convenga al país.

La Comisión de Justicia deberá elaborar un dictamen con el nombre de quien se considere la persona idónea para el cargo, para luego turnarla al pleno que, conforme señala la Constitución, lo aprobaría con mayoría calificada, es decir dos terceras partes de los senadores.

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Legislativas

Diputados aprueban en lo particular creación de Guardia Nacional

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Con el voto de Morena y sus aliados, al que sumó al PRI, PVEM y algunos del PRD, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada en lo general y particular las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, que tendrá dirección civil y una Junta de Jefes de Estado Mayor, integrado por los secretarios de Seguridad, Defensa Nacional y Marina-Armada de México.

Tras un largo debate de más de nueve horas, el dictamen para crear la Guardia Nacional que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue turnado al Senado de la República para su eventual aprobación.

Los legisladores avalaron los 13 artículos constitucionales en lo particular con 348 votos a favor, 108 en contra y 10 abstenciones, mientras que en lo general se aprobó con 362 votos en pro, 119 en contra y cuatro abstenciones, estas últimas de los morenistas Tatiana Cloutier, Lidia García Ayala y Hugo Rafael Ruiz Lustre, así como el diputado de Encuentro Social, Ernesto Vargas.

Mientras que los cinco diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que votaron a favor del dictamen en lo general fueron Héctor Serrano, Mauricio Toledo, Emmanuel Reyes, Estefanía Rosas y Raymundo García.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso 42 votos a favor del dictamen, tras fijar su postura de que son una oposición responsable y no actuarán con mezquindad ni a regatear nada en un tema tan sensible como la seguridad.

En la discusión en lo general y particular, la diputada María Guillermina Alvarado, de Morena, calificó como una mentira que se pretenda militarizar al país, sino al contrario, se trata de crear una nueva institución que realice las labores que hoy en día y desde hace más de 12 años, sin pedirlo, hace el Ejército.

En su turno, la priista María Alemán Muñoz Castillo reiteró que su bancada nunca actuará con mezquindad ni regateos y mucho menos lo harán ahora en un tema tan sensible como la seguridad de los mexicanos.

Reconoció la voluntad para incorporar las observaciones transcendentes que hizo el PRI en materia de mando civil, capacitación y formación policial de los elementos de la Guardia Nacional, entre otras, y refrendó que el partido tricolor no será el pretexto del gobierno para no cumplirle a los mexicanos.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, reprochó que los que ayer recriminaban que se habían tomado decisiones para enfrentar al crimen organizado sin información suficiente, hoy avalan un dictamen que no se reconoce como tal.

“Mi única respuesta es que ustedes como bancada perdieron toda voluntad, se arrodillaron …”, subrayó.

En su turno, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, advirtió que su bancada está en contra de la militarización de la seguridad pública, porque las evidencias demuestran que esa no es la solución a la crisis de violencia e inseguridad que se vive en el país.

“Y esta reforma sólo deja un mando civil simbólico y militariza constitucionalmente la seguridad”, afirmó.

En su turno, la diputada perredista Mónica Bautista Rodríguez llamó a la consciencia de la bancada de Morena para hacer una Guardia Nacional civil en todos sus aspectos.

También pidió a los diputados que hoy defienden con energía la militarización de la seguridad pública, a que no olviden que algunos fueron reprimidos en 1968, cuando el movimiento estudiantil fue sometido por los militares a balazos, muertes y cárcel.

Desde su curul, el diputado priista y general en retiro, Benito Medina Herrera, reprochó las críticas a las fierezas armadas, quienes siempre han sido leales al mando supremo en turno y sobre todo al pueblo de México.

“No es justo que con el afán de ganar puntos o acuerdos se tenga que usar este tipo de expresiones en contra de instituciones; no se vale que se empleen estos términos para utilizarlo con ventajas políticas”, subrayó.

El dictamen con la adenda, tras las audiencias públicas y avalado por el pleno, establece que la Federación contara con una institución policial de carácter y dirección civil denominada Guardia Nacional.

Precisa que la institución será responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, la preservación de los bienes y recursos de la nación, así como la colaboración con las entidades federativas en los objetos anteriores.

La ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional adscrita a la secretaría del ramo de seguridad y que tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor integrada por las dependencias de Seguridad, Defensa Nacional y Marina.

Asimismo, señala que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones.

Además, establece plazo para que dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, el Congreso expedirá la Ley de la Guardia Nacional.

También dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones.

El documento establece que los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional, en el ejercicio de las funciones de la misma, serán conocidos por la autoridad civil competente, en tanto que las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidos por las autoridades y tribunales militares que correspondan.

Los detenidos deberán ser puestos a disposición en instalaciones de las autoridades que correspondan.

El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El cual estará sujeto al establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública al que las entidades federativas y los municipios, a través de sus órganos de policía, deberán suministrar la información de que dispongan en la materia conforme a la ley.

El sistema contendrá también la base de datos criminalísticos y de personas para las instituciones de seguridad pública.

Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad si no ha sido debidamente certificada y registrada en dicho sistema.

La Guardia Nacional se constituirá con los elementos de las policías Federal, Militar y Naval que determine en acuerdos de carácter general el Ejecutivo federal.

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Legislativo

Declara diputado Porfirio Muñoz Ledo apertura del Periodo de Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Unión

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En Sesión de Congreso General, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, declaró la apertura del Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, convocado por la Comisión Permanente.

Con la asistencia de 98 senadoras y senadores y 449 diputadas y diputados, Muñoz Ledo dijo: “La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 16 de enero de 2019, el Periodo de Sesiones Extraordinarias”.

Indicó que este Congreso es el espacio del diálogo político y de la construcción de acuerdos.

El objeto de este periodo extraordinario, especificó, es discutir y, en su caso, aprobar reformas constitucionales que otorguen instrumentos a los poderes para enfrentar el desafío que representa la inseguridad pública del país, a través de la conformación de una Guardia Nacional y de modificaciones a las reglas de la prisión preventiva.

“Reconozco y aplaudo el esfuerzo de legisladoras y legisladores por haber impulsado a las Audiencias Públicas, subrayando así la vocación de que éste es un Parlamento Abierto”, añadió.

También, dijo, se discutirá y, en su caso, se realizará tanto el nombramiento del Fiscal General de la República, como la ratificación de los empleados superiores de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El diputado Muñoz Ledo afirmó que el Congreso es el órgano creador y reformador del Estado. “Actuemos en consecuencia con respeto para todas y para todos”.

Luego de que diputados y senadores entonaron el Himno Nacional en el Recinto Legislativo de San Lázaro, se procedió a dar lectura al acta de la Sesión de Congreso General.

Posteriormente, levantó la Sesión de Congreso General y pidió a las diputadas y diputados permanecer en sus lugares, a fin de celebrar la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.

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