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Legislativas

Presenta PRI iniciativa Matrimonios Igualitarios

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El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) presentó una iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 4 y adiciona una fracción al 117, de la Constitución Política, para establecer el derecho a que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

El derecho de toda persona a determinar sus preferencias sexuales constituye un elemento indispensable para la dignidad humana y resulta fundamental para acceder a otros derechos como a la autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada y a la familia, entre otros, indicó.

En declaraciones a la prensa, señaló que, con esta modificación constitucional, en los estados de la República no se podrá expedir o mantener en vigor leyes que limiten el matrimonio por condiciones de género, preferencias sexuales, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

El artículo 4 establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Con esta reforma se adiciona que “toda persona tiene derecho a contraer matrimonio”.

Al artículo 117 se refiere a las acciones que los estado de la República tienen impedidas.

Se adiciona una fracción X que señala: expedir o mantener en vigor leyes o disposiciones que limiten el derecho de las personas a contraer matrimonio por condición de género, preferencias sexuales, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Moreira Valdez apuntó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de 2016, el 58.1 por ciento de la población de 15 y más años se encuentra unida; 31.4 por ciento es soltera y 10.5 es separada, divorciada o viuda.

Agregó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha señalado que en 2015 se registraron 558 mil 18 matrimonios, de los cuales 556 mil 269 correspondieron a uniones legales de personas de distinto sexo (99.7 por ciento), mientras que mil 749, tan sólo el 0.3 por ciento, fueron matrimonios legales entre población del mismo sexo.

El diputado priista aseveró que uno de los factores que explican el bajo índice de matrimonios legales entre personas del mismo sexo, se encuentra en las restricciones que las legislaciones locales incluyen al establecer que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, o bien, que su finalidad es la procreación.

Estas disposiciones han sido declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), toda vez que atentan contra los derechos a la igualdad y no discriminación”, resaltó Moreira Valdez.

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Necesario que SRE revise mecanismos de traslado de restos de mexicanos muertos en EU

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La secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (PT) propuso revisar los mecanismos usados en el traslado de los restos de mexicanos fallecidos en Estados Unidos, con el fin de eficientar y solventar obstáculos en la tramitación administrativa.

En un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria pide que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la medida de lo posible, incremente el apoyo por pago de gastos funerarios a familiares solicitantes que demuestren probada necesidad económica.

Relató que durante los trabajos del Foro Migrante, en Los Ángeles, California, se planteó lo difícil y complicado de los trámites para trasladar los cuerpos desde territorio estadounidense.

Destacó que México ofrece, a través de sus consulados el Programa de Traslado de Restos, para asesorar y atender a los familiares, en el visado de los documentos que le son requeridos. El trámite puede ser entre cinco a diez días, después de fallecido, dependiendo de la causa del deceso, disponibilidad de vuelos y servicios funerarios; el pago para el traslado, varía entre dos mil 500 a tres  mil 500 dólares, lo que significa un gasto de 50 mil a 70 mil pesos.

“El tema no es fácil, pues además de la pena que aqueja a los familiares por la pérdida de su ser querido, también deben enfrentar los tortuosos trámites administrativos, así como el muy elevado costo para el pago de la funeraria”.

Domínguez Vázquez indicó que de acuerdo a datos periodísticos, de 2010 a 2016, regresaron a México en féretro 33 mil 328 mexicanos, lo que significa en promedio 4 mil 700 restos por año, de los cuales dos de cada cinco, eran originarios de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Guerrero.

El 2015 fue el año en que se trasladaron más cadáveres, con un total de 5 mil 103. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pagó el regreso de dos de cada tres mexicanos fallecidos en Estados Unidos, gastando aproximadamente 5 millones 258 mil dólares.

La diputada del PT consideró fundamental que en los consulados se lleven a cabo acciones que permitan agilizar los trámites, así como, en la medida de lo posible, ampliar el apoyo a un mayor número de solicitantes que demuestren probada necesidad económica, para el pago de los gastos funerarios.

“Debemos garantizar que los mexicanos que mueren fuera de este país, tengan derecho de regresar a su patria y puedan ser enterrados junto a sus abuelos, padres, hijos o hermanos; esto habla de identidad, costumbres y creencias”, añadió.

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Exigen que entidades prevengan, atiendan y sancionen el acoso sexual en el transporte

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La diputada Norma Adela Guel Saldívar (PRI) propuso exhortar a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, implementen acciones para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual contra las mujeres en el transporte público y privado.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Igualdad de Género, precisa que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el transporte público más inseguro del mundo para las mujeres está en América Latina y el Caribe; seis de cada diez han sufrido algún tipo de acoso mientras se desplazaban.

Según el Instituto de las Mujeres de Ciudad de México, diariamente más de 15.7 millones de personas residen, trabajan o visitan la capital del país, y menos de la mitad son mujeres usuarias de los servicios y equipamientos urbanos.

Guel Saldívar detalla que en el primer semestre de 2018, las denuncias por acoso sexual aumentaron 42 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, según la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. De enero a junio del año pasado, se contabilizaron 119, y este año la cifra pasó a 169. El transporte público es el ámbito donde más agresiones ocurren, aunque le anteceden los de la vía pública y el entorno cercano.

Menciona que, de acuerdo con el estudio “El porqué de la relación entre género y transporte”, elaborado por el BID en 2015, el 40 por ciento de las mujeres entrevistadas en la Ciudad de México modifica su vestimenta para evitar algún tipo de violencia en el Metro. El 4.5 por ciento, incluso, ha dejado su trabajo o estudio por causa de la violencia en el Sistema de Transporte Colectivo.

El informe “Las mujeres y los medios de comunicación”, publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), asegura que, en general, los medios de comunicación siguen fomentando los roles tradicionales de mujeres y hombres, pues en revistas y publicidad, “la población femenina sigue apareciendo como objeto sexual, a pesar de la intención de cubrir su imagen con un barniz de modernidad y presentarla desarrollando roles profesionales”.

Además, en Puebla, 32.3 por ciento de las mujeres dijo que le recargaron el cuerpo; el 23.1 sufrió acoso mediante el tocamiento de los genitales frente a ellas; al 21 por ciento le manosearon el cuerpo y el 3 por ciento padeció la eyaculación de algún individuo. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, siete de cada 10 mujeres señalaron haber sido víctimas de acoso en los últimos 12 meses.

Asegura que la violencia contra la mujer no solo es simbólica, iconográfica y verbal, sino también a través de la difusión de sus fotografías sin su consentimiento en los espacios públicos y, en particular, en redes sociales, convirtiéndose en sexting.

La diputada Guel Saldívar expone que el acoso sexual también puede presentarse como chantajes e incluso con amenazas de perder el empleo, para que acceda a comportamientos de connotación sexual. Es decir, se vive de manera cotidiana u ocasionalmente en el transporte público, en el trabajo, las escuelas, los centros deportivos, mercados, calles, universidades, hospitales y en el propio hogar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 10 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o por terceros en algún momento de su vida. El 35 por ciento de las que son adultas y niñas sufre alguna forma de este tipo de agresiones, cifra que alcanza 70 por ciento en algunos países.

Por ello, afirma, es fundamental exhortar a los gobiernos de las entidades federativas para que lleven a cabo acciones para prevenir y sancionar el acoso sexual de las mujeres en el transporte público y privado, a fin de garantizar su integridad y dignidad humana.

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En México, mueren más de 60 mil animales por maltrato

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  • Piden cárcel para quien los lastime, torture o mate

Por Juan R. Hernández

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) propuso castigar con tres meses a cinco años de prisión, y de 300 a tres mil días multa, a quien cometa actos de crueldad y maltrato, por omisión inexcusable o de manera deliberada e intencional, en perjuicio de cualquier animal, perpetrados por sus propietarios, poseedores, tenedores, encargados o terceros que entren en relación con ellos.

La legisladora, secretaria de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, refirió que, de acuerdo con cifras de la asociación Anima Naturalis, en México mueren 60 mil ejemplares al año bajo esas condiciones, lo que coloca al país “en un penoso tercer lugar a nivel mundial en el registro de maltrato animal”.

Por ello, mediante una iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal Federal, se busca castigar los actos de tortura, mutilación, falta de atención médico-veterinaria, abandono en la vía pública o desatención por periodos prolongados, entre otros aspectos.

La diputada precisó que a nivel federal no hay legislación que penalice el abuso, ni mucho menos que reconozca su bienestar, como sujetos de derechos y seres sintientes, aun cuando en 13 entidades de la República se les protege del maltrato a través de sus leyes.

México debe adaptarse a estándares internacionales, reconocer los derechos de los animales y condenar su maltrato, para mejorar la calidad de vida y “evitar que la conducta violenta o la indiferencia escale hacia las personas”, sostuvo.

La propuesta, remitida a la Comisión de Justicia, contempla agregar en la denominación del Título Vigésimo Quinto el término “Maltrato Animal”, y en su Capítulo Segundo, incluir el de “Bienestar Animal”.

Agrega el Artículo 419 Ter para imponer la sanción referida y especificar los casos en que se aplicará, como causarles la muerte a través de cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento, y sacrificarles empleando métodos diversos a los establecidos en normas oficiales mexicanas y, en su caso, en las normas zoológicas.

También plantea castigar cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales sin causa justificada, y cuando no se realice bajo el cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada que cuente con conocimientos técnicos en la materia.

Incluye todo hecho, acto u omisión que cause dolor, sufrimiento, ponga en peligro la vida o afecte el bienestar de un animal, así como hacerlo objeto de tortura o maltrato por maldad, brutalidad, egoísmo, negligencia o diversión.

Sanciona, además, el hecho de no brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran o determinen las condiciones para su bienestar; privarles de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo, cuidados médicos y alojamiento, acorde a su especie, y abandonarlos en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por periodos prolongados.

En caso de sacrificio, especifica, deberá ser humanitario, conforme lo establecen las normas oficiales mexicanas y zoológicas; si el animal no es apto para consumo humano, sólo se permite su muerte si sufre accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que comprometan su bienestar; igual, si se trata de especies que constituyan una amenaza para la salud, la economía del dueño o los que por exceso de su especie signifiquen peligro grave para la sociedad.

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