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Legislativas

Presenta PRI iniciativa Matrimonios Igualitarios

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El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) presentó una iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 4 y adiciona una fracción al 117, de la Constitución Política, para establecer el derecho a que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

El derecho de toda persona a determinar sus preferencias sexuales constituye un elemento indispensable para la dignidad humana y resulta fundamental para acceder a otros derechos como a la autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada y a la familia, entre otros, indicó.

En declaraciones a la prensa, señaló que, con esta modificación constitucional, en los estados de la República no se podrá expedir o mantener en vigor leyes que limiten el matrimonio por condiciones de género, preferencias sexuales, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

El artículo 4 establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Con esta reforma se adiciona que “toda persona tiene derecho a contraer matrimonio”.

Al artículo 117 se refiere a las acciones que los estado de la República tienen impedidas.

Se adiciona una fracción X que señala: expedir o mantener en vigor leyes o disposiciones que limiten el derecho de las personas a contraer matrimonio por condición de género, preferencias sexuales, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Moreira Valdez apuntó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de 2016, el 58.1 por ciento de la población de 15 y más años se encuentra unida; 31.4 por ciento es soltera y 10.5 es separada, divorciada o viuda.

Agregó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha señalado que en 2015 se registraron 558 mil 18 matrimonios, de los cuales 556 mil 269 correspondieron a uniones legales de personas de distinto sexo (99.7 por ciento), mientras que mil 749, tan sólo el 0.3 por ciento, fueron matrimonios legales entre población del mismo sexo.

El diputado priista aseveró que uno de los factores que explican el bajo índice de matrimonios legales entre personas del mismo sexo, se encuentra en las restricciones que las legislaciones locales incluyen al establecer que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, o bien, que su finalidad es la procreación.

Estas disposiciones han sido declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), toda vez que atentan contra los derechos a la igualdad y no discriminación”, resaltó Moreira Valdez.

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Inician este martes comparecencias de secretarios ante diputados

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La Cámara de Diputados iniciará este martes las comparecencias de funcionarios en el marco de la glosa del Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Eviel Pérez Magaña, ante el pleno del órgano legislativo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, detalló que el 3 de octubre estará ante el Pleno el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, y el día 4 asistirá a comisiones el secretario de Salud, José Narro Robles.

El 11 de octubre acudirán ante el Pleno el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina; y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez.

El 16 de octubre estará ante el Pleno la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga; el día 18 el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ante comisiones, y el día 23 el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, también ante comisiones.

El 23 la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, acudirá a comisiones; el 25 el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al Pleno; y el 30 el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, también al Pleno.

Delgado Carrillo indicó que está pendiente la fecha para la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Aseguró que las comparecencias se llevarán con mucho respeto y orden, y no habrá ningún encuentro desafortunado.

Además, afirmó, los diputados abordarán, este martes, la agenda política por el aniversario de los 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que desaparecieron entre el 25 y 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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Reduce Jucopo de 56 a 45 número de comisiones ordinarias; Morena se lleva la mayoría

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*De las 45 comisiones, 22 las presidirá Morena, 7 el PAN, 4 el PRI, 3 MC, 3 PT, 3 PES, 2 PRD y 1 PVEM, informa Mario Delgado

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó reducir en 11 el número de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, al pasar de 56 a 45, en un esfuerzo de austeridad y de tener mayor eficiencia, afirmó su presidente, Mario Delgado Carrillo.

Las presidencias de esas 45 comisiones ordinarias quedan distribuidas de la siguiente manera: 22 tiene Morena, siete el PAN, cuatro el PRI, tres MC, tres PT, tres PES dos PRD y una PVEM, indicó en conferencia de prensa tras concluir la reunión de la Jucopo.

El también coordinador de los diputados de Morena señaló que se acordó no abrir, por el momento, ninguna de las comisiones especiales, “que en la pasada Legislatura eran aproximadamente 45 ó 46”.

A pregunta expresa, Delgadillo Carrillo apuntó que por el momento no se tiene el estimado del ahorro por la reducción de las comisiones ordinarias, pero aclaró que sin duda lo habrá.

Las comisiones ordinarias que se extinguen o se fusionan son las siguientes:

La de Agricultura y Sistemas de Riego y Desarrollo Rural quedaría como: Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

La de Agua Potable y Saneamiento de Recursos Hidráulicos, quedaría como: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.

La de Cambio Climático se fusiona con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales para tener la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.

La Comisión de la Ciudad de México desaparece.

La de competitividad se fusiona con la de Economía, para quedar como: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

La de Comunicaciones se fusiona con Transportes para quedar como Comisión de Comunicaciones y Transportes.

La de Desarrollo Metropolitano se fusiona con la de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para quedar como: Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial.

La de Desarrollo Municipal se fusiona con la de Fortalecimiento al Federalismo para quedar como: Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

Las de Gobernación, Población y Protección Civil se fusiona para quedar como: Comisión de Gobernación, Protección Civil y Población.

Los asuntos de la de Ciudad de México pasarán a la Comisión de Gobernación, Protección Civil y Población.

Las presidencias de las comisiones ordinarias se distribuyen de la siguiente manera:

1.- Asuntos Frontera Norte (PRI)

2.- Asuntos Frontera Sur (Morena)

3.- Pueblos Indígenas (Morena)

4.- Asuntos Migratorios (Morena)

5.-Atención a Grupos Vulnerables (PRI)

6.- Ciencia, Tecnología e Innovación (Morena)

7.- Comunicaciones y Transportes (PAN)

8.- Cultura y Cinematografía (PES)

9.- Defensa Nacional (PRI)

10.- Deporte (Morena)

11.- Derechos de la Niñez y Adolescencia (Morena)

12.- Derechos Humanos (Morena)

13.- Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola, y Autosuficiencia Alimentaria (Morena)

14.- Bienestar Social (Morena)

15.- Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial (MC)

16.- Economía, Comercio y Competitividad (PRI)

17.- Educación (Morena)

18.- Energía (Morena)

19.- Economía Social y Fomento del Cooperativismo (PAN)

20.- Federalismo y Desarrollo Municipal (PAN)

21.- Ganadería (MC)

22.- Gobernación, Protección Civil y Población (Morena)

23.- Hacienda y Crédito Público (PAN)

24.- Igualdad de Género (Morena)

25.- Infraestructura (Morena)

26.- Jurisdiccional (PES)

27.- Justicia (PAN)

28.- Juventud y Diversidad Sexual (Morena)

29.- Marina (PRD)

30.- Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales (PVEM)

31.- Pesca (Morena)

32.- Presupuesto y Cuenta Pública (Morena)

33.- Puntos Constitucionales (Morena)

34.- Radio y Televisión (PAN)

35.- Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento (Morena)

36.- Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias (PAN)

37.- Relaciones Exteriores (PT)

38.- Salud (PES)

39.- Seguridad Pública (Morena)

40.- Seguridad Social (PT)

41.- Trabajo y Previsión Social (Morena)

42.- Transparencia y Anticorrupción (PT)

43.- Turismo (Morena)

44.- Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (MC)

45.- Vivienda (PRD)

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Reto de Cámara de Diputados será tener nueva Ley General de Comunicación Social

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El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo (Morena), señaló que el reto de la Cámara de Diputados será tener una nueva Ley General de Comunicación Social que dé soporte a la realidad que se vive. “Ya no podemos tener un marco legislativo que trate de sostener un modelo de comunicación y control político que ya se agotó”.

Al participar en el foro “Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública”, el legislador enfatizó que se debe terminar con la idea de que el Estado es un ente que utiliza la propaganda como medio de comunicación política porque ya quedó completamente rebasado.

Estimó que en la nueva ley debe combinarse el derecho a la información, a la libertad de expresión y participación, democratizar los contenidos, poner un tope a la inversión que puede hacer el gobierno en materia de comunicación, promover los medios comunitarios, así como una estrategia de internet como vía de acceso y democratización a la información.

Afirmó que ya se trabaja para garantizar la democratización de los medios y adecuarse a la nueva realidad política, donde “gobernar ya no es comunicar a través de la propaganda, sino abrir los espacios a la comunicación y darle voz a los ciudadanos”. Anunció que próximamente plantearán ya alguna iniciativa en ese sentido, con la participación u opinión de quienes conforman el gobierno electo.

Refirió que se tiene la Ley General de Comunicación Social, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazó al Legislativo, regulatoria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política, “pero se hizo bajo el criterio del modelo que se agotó el primero de julio”.

La actual ley lo que hace “es institucionalizar las malas prácticas, un sistema político perverso que compra líneas de comunicación, no atiende los problemas que supone la publicidad oficial para ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales y la asignación discrecional de recursos públicos millonarios”, continuó.

También, añadió, permite que las campañas de comunicación, en contra de lo que dice la Constitución, tengan como objetivo la difusión de los logros de gobiernos para promover figuras y sus partidos políticos. Asimismo, preocupa que no haya pluralismo ni apertura, sino que los recursos se dediquen a los medios con mayor rating sin que haya consideración a medios comunitarios y municipales.

Delgado Carrillo afirmó que el rubro de comunicación social en “esta administración ha tenido un grado de discrecionalidad de cien por ciento; hay una absoluta simulación entre lo que se envía a la Cámara de Diputados para que lo autorice y apruebe, y lo que finalmente se ejerce”.

Refirió que en este órgano legislativo se han aprobado en los distintos presupuestos públicos del 2013 al 2018, un total de 21 mil 400 millones de pesos (mdp) y se han ejercido al primer trimestre de 2018 en este mismo periodo 41 mil 950 mdp, es decir, casi cien por ciento entre lo que autoriza la Cámara y lo que finalmente ejerce el gobierno. “Eso no se corrige en la ley aprobada”.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), se pronunció por un nuevo modelo de comunicación que logre la democratización del sistema de medios; no obstante, dijo, “esta no se alcanzará, sino transformamos la situación actual de despilfarro del dinero público dedicado a la publicidad de los gobernantes”.

Destacó la importancia de tener una verdadera ley de medios de comunicación, crear nuevos estatutos de autonomía, tener modelos eficaces y modernos, con el propósito de que haya una cobertura nacional que garantice el derecho a la información y, a través de ellos, se difunda la cultura y la educación.

Un pendiente, dijo, es lograr que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea un organismo autónomo. Se requiere replantear las funciones de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, y “no sean una ventanilla para el control político o para quitar o dar concesiones. Se necesita respetar los derechos de las audiencias”.

Actualmente, expresó, se tiene “un sistema de control político y presupuestal sobre los medios de comunicación y una simbiosis que afecta tanto la credibilidad de los medios como al propio manejo gubernamental”. Paralelamente, añadió, el exceso de recursos destinados a los medios privados, empobreció al sistema de medios públicos.

Mencionó que la administración federal que concluye, ha gastado más de 50 mil millones de pesos en la promoción de su gobierno, y a ello se le suma lo erogado por los gobernadores. Además, ese exceso de dinero público no mejoró la comunicación entre ciudadanos y gobernantes, ni mucho menos sirvió para optimizar la mala imagen que tiene la clase política y que fue severamente castigada el pasado primero de julio.

Los recursos del erario público, dijo, tampoco mejoraron la condición laboral y salarial de los reporteros y de todos los trabajadores de la información; al contrario, se convirtieron en multimedios por el mismo pago y, en los últimos diez años, la situación ha sido peligrosa para este gremio.

Padierna Luna afirmó que “esos recursos han servido para un control político y mediático, su distribución ha sido discrecional, no ha habido fiscalización, no hay sanciones y es un mero intercambio de favores”.

Indicó que el 33 por ciento de los recursos gastados en comunicación social se destinaron a la televisión; el 17.2 por ciento, a medios impresos; 16 por ciento, a la radio; 7 por ciento, al Internet; 1.2 por ciento, a medios internacionales, y el 22.5 por ciento -que implicó 2 mil 400 millones de pesos-, se destinó a propaganda vendida como información, “lo cual está prohibido en el apartado B del artículo sexto constitucional”.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), reconoció que existe un marco jurídico sujeto a leyes, reglamentos, acuerdos y lineamientos emanados de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; sin embargo, consideró que existen posibilidades de reforzar esta composición legislativa sobre todo en lo referente a la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado y en general del Sistema de Medios Públicos.

La diputada organizadora del foro “Hacia una agenda legislativa en materia de Comunicación Pública”, expresó que el Senado de la República y la Cámara de Diputados participarán de modo responsable y democrático para que los medios de comunicación brinden un andamiaje legislativo que permita, si es necesario, un tipo de reconfiguración o reordenamiento que esté más acorde a las demandas intelectuales y tecnológicas.

Esta reunión, añadió, es el primer eslabón para construir una agenda incluyente, “la idea es escuchar todas las voces y que esta Cámara sea la mejor expresión de una Cámara de Diputados abierta, de una genuina casa del pueblo que sea receptiva y sensible a todas las causas de la sociedad”.

Puntualizó que es importante revisar, evaluar y analizar el papel de los medios de comunicación. “No hay ninguna duda de que este momento es muy importante para los medios de comunicación, es clave para la vida democrática del país”.

Huerta del Río se pronunció por homologar los sistemas existentes y romper con esa “monstruosa” verticalidad comunicativa que ha costado mucho dinero; además, “sabemos que en un contexto de construcción democrática, lo más importante, es que los medios de comunicación lo acompañen”.

Expresó que este proceso de cambio no se podría hacer de manera completa si no se cuentan con los medios adecuados para reflejar la nueva vida pública que ya no estará sesgada por el autoritarismo y la verticalidad que por tanto tiempo acompañó al país. “Vamos a cumplir el sueño, parece que ahora sí, nos tardamos 30 años o más, pero llegó el momento y caminaremos”.

Mencionó que este y otros foros que se realizarán de forma continua serán abiertos para diversos sectores, no solo para representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, habrá periodistas, académicos, productores, empresarios, la sociedad civil y organizaciones.

En su oportunidad, el periodista Jesús Ramírez Cuevas, designado coordinador de Comunicación Social de la próxima administración federal, subrayó que el Congreso está emplazado a recuperar la legitimidad perdida como auténtico representante de los ciudadanos y en esto, la comunicación juega un papel importante, ya que está obligado a comunicar a los ciudadanos el por qué, cómo se toman las decisiones, y de qué manera se hace el debate parlamentario.

Consideró que el fin de los medios públicos es brindar información y dar voz a los ciudadanos sin ningún interés político, de grupo o económico, por lo que se debe eliminar la “perversión” que existe de medios gubernamentales.

Señaló que se deben modernizar los procesos de comunicación pública para tener un verdadero sistema de medios públicos. Informó que en la Constitución de la Ciudad de México han quedado establecidas las bases del primer sistema de los medios públicos del país, en manos de los ciudadanos y de los informadores.

“Si logramos sentar las bases de este sistema público, estamos contribuyendo a la vida democrática de este país con un contrapeso real del interés público sobre el interés político y los intereses económicos, y se salvaguarden los derechos ciudadanos y el servicio público de la información”, consideró.

Afirmó que es importante tener claro que el cambio que vive el país se debió a la irrupción de la sociedad en el debate público. Es un fenómeno que no se va a ir, por lo que se tiene que profundizar en su conocimiento, análisis y en el impacto que tendrá en el cambio de comportamiento de los actores políticos.

“Esta irrupción de las redes sociales, de las plataformas digitales y el desplazamiento de la televisión y la radio como elementos centrales de la formación de la opinión pública, ya tiene repercusiones y el más importante es la composición de la Cámara de Diputados y el surgimiento de un nuevo gobierno que ha cuestionado el modelo predominante actual”.

Subrayó que en este proceso de cambio social hay una mayor participación de los ciudadanos, más actitud crítica sobre los actores de la escena pública, hay vigilancia permanente de los procesos legislativos, en este caso de los procesos políticos, de los mensajes y sobre todo de la comunicación y estrategias.

Opinó que el fracaso de la forma de comunicación del poder público a través de la publicidad y de la mercadotecnia vacía ha demostrado su ineficacia con el resultado del primero de julio.

Entonces, no basta sólo la técnica y el establecimiento de estrategias publicitarias, “ahora tenemos que construir formas de comunicación más democráticas, integradoras, bidireccionales o multidireccionales, y el discurso, la visión y comunicación tienen que construirse en diálogo permanente con los actores y la ciudadanía”.

El senador Salomón Jara Cruz (Morena) señaló la importancia de la comunicación como producto de los resultados históricos del 1 de julio, el cual ha permitido iniciar un proceso de democratización de los medios, los cuales han hecho público el abandono de las causas sociales por parte de la política, los actos de corrupción e impunidad, además de dimensionar la inseguridad del país.

Expresó que los medios tradicionales tienen un gran deterioro frente a la sociedad debido al uso discriminado de la defensa de los intereses de las grandes corporaciones, de fomentar la desinformación e inhibir la conciencia social.

Ante este panorama, explicó la necesidad de garantizar el acceso de toda la población a una información verídica, objetiva y masiva que permita la concientización de la sociedad, por lo que se requiere impulsar una legislación regulatoria basada en la conectividad y acceso al Internet como una forma de democratizar la participación social.

Además, se necesita generar una revisión de la Ley de Publicidad Gubernamental, a fin de transparentar los recursos de la comunicación pública para reducir la enorme cantidad de dinero que se va a las grandes cadenas para promover la imagen de los servidores públicos. Asimismo, fortalecer la autonomía del IFT, incrementar la cobertura de la radio, televisión y diferentes medios de comunicación en apoyo a la participación social, garantizar y aumentar las radios indígenas, comunitarias en todas las lenguas.

También, convertir al Canal del Congreso en un medio social, público que sea un conducto de información precisa y actualizada para que deje de ser una acartonada difusora de la sesión y sea una emisión recreativa y periodística; sin embargo, añadió que lo fundamental es garantizar la participación social, es decir, “legislar con la gente”.

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