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Legislativas

Propone PRI hasta 10 años de cárcel a quien realice obras de infraestructura en zonas de riesgo

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La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) impulsa materializar en el Código Penal Federal el delito de construcción, edificación, realización de obras y asentamientos humanos en zonas de riesgo, como medida de protección ante sismos similares al de septiembre del año pasado, donde hubo pérdidas humanas y materiales invaluables e incalculables.

La iniciativa, que adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, plantea imponer de dos a 10 años de prisión, y de 300 a tres mil días de multa, a quien autorice, ordene, construya, edifique o realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reserva ecológica o zonas no aptas, conforme al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente.

Asimismo, a quien lleve a cabo esas acciones sin la autorización de impacto y riesgo ambiental, análisis de riesgo o no cumpla las medidas técnicas, correctivas, de prevención o de seguridad necesarias para evitar el daño, y a quien asiente datos falsos en documentos con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad federal.

Se impondrán las mismas penas, además de la privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, al servidor púbico que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice cualesquiera de las acciones señaladas.

Herrera Anzaldo destacó que es primordial proteger y garantizar el derecho a la vida, seguridad e integridad, reduciendo los asentamientos humanos irregulares, edificaciones e instalaciones de todo tipo de servicios en zonas que son propensas a amenazas o riesgos naturales.

Dijo que su iniciativa pretende dar fuerza normativa a la protección civil, consolidando un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos y garantice la estabilidad social, económica y ambiental, a partir de unificar, fortalecer y hacer aplicables las normas.

“Se deben implementar correctamente los procesos administrativos, erradicar la corrupción y sancionar a quienes permiten la construcción y el establecimiento de asentamientos humanos, centros de población y edificaciones que incumplan con los requerimientos técnicos y de seguridad”, subrayó.

Mencionó que la Ley General de Protección Civil, en su artículo 84, considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos sin elaborar análisis de riesgos, definir las medidas para su reducción y considerar la normatividad aplicable o no contar con la autorización correspondiente; sin embargo, “este precepto es letra muerta en nuestro país, porque no está sancionado en la legislación penal federal”.

Actualmente, señaló, sólo nueve estados de la República tienen una tipificación de alguno de estos supuestos y sólo 165 de los casi 2 mil 500 municipios, cuentan con un reglamento de construcción como lo informó el Centro Nacional de Prevenciones de Desastres este 19 de septiembre.

Con la presente iniciativa, enfatizó, se le otorgará fuerza normativa a la protección civil y se brindará al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del desarrollo territorial y protección de las personas bajo su jurisdicción, el cual se complementará con la obligación de los gobiernos federal y locales para garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgos en los instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano.

La diputada priista comentó que esta adición legislativa, también puede generar un gran cambio de atención gubernamental y mejor destino presupuestario en favor de la población, ya que actualmente se autorizan más recursos para el Fondo de Desastres Naturales (6 mil 8 millones 472 mil 100 pesos) que para el Fondo para Prevención (346 millones 587 mil 453 pesos), con una diferencia de 5 mil 661 millones 884 mil 647 pesos.

Los desastres naturales, agregó, constituyen una fuente significativa de riesgo fiscal en países altamente expuestos a catástrofes naturales, por lo que la ausencia de mecanismos eficientes de preparación, atención regulación y planeación provoca pérdidas humanas y económicas.

“La ignorancia, la omisión, pero sobre todo la corrupción y la impunidad matan” y la atención de desastres naturales, gestión de riesgos y protección civil, son materias que “nos incluyen, responsabilizan y benefician a todos”, puntualizó.

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Diputados aprueban en lo particular creación de Guardia Nacional

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Con el voto de Morena y sus aliados, al que sumó al PRI, PVEM y algunos del PRD, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada en lo general y particular las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, que tendrá dirección civil y una Junta de Jefes de Estado Mayor, integrado por los secretarios de Seguridad, Defensa Nacional y Marina-Armada de México.

Tras un largo debate de más de nueve horas, el dictamen para crear la Guardia Nacional que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue turnado al Senado de la República para su eventual aprobación.

Los legisladores avalaron los 13 artículos constitucionales en lo particular con 348 votos a favor, 108 en contra y 10 abstenciones, mientras que en lo general se aprobó con 362 votos en pro, 119 en contra y cuatro abstenciones, estas últimas de los morenistas Tatiana Cloutier, Lidia García Ayala y Hugo Rafael Ruiz Lustre, así como el diputado de Encuentro Social, Ernesto Vargas.

Mientras que los cinco diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que votaron a favor del dictamen en lo general fueron Héctor Serrano, Mauricio Toledo, Emmanuel Reyes, Estefanía Rosas y Raymundo García.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso 42 votos a favor del dictamen, tras fijar su postura de que son una oposición responsable y no actuarán con mezquindad ni a regatear nada en un tema tan sensible como la seguridad.

En la discusión en lo general y particular, la diputada María Guillermina Alvarado, de Morena, calificó como una mentira que se pretenda militarizar al país, sino al contrario, se trata de crear una nueva institución que realice las labores que hoy en día y desde hace más de 12 años, sin pedirlo, hace el Ejército.

En su turno, la priista María Alemán Muñoz Castillo reiteró que su bancada nunca actuará con mezquindad ni regateos y mucho menos lo harán ahora en un tema tan sensible como la seguridad de los mexicanos.

Reconoció la voluntad para incorporar las observaciones transcendentes que hizo el PRI en materia de mando civil, capacitación y formación policial de los elementos de la Guardia Nacional, entre otras, y refrendó que el partido tricolor no será el pretexto del gobierno para no cumplirle a los mexicanos.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, reprochó que los que ayer recriminaban que se habían tomado decisiones para enfrentar al crimen organizado sin información suficiente, hoy avalan un dictamen que no se reconoce como tal.

“Mi única respuesta es que ustedes como bancada perdieron toda voluntad, se arrodillaron …”, subrayó.

En su turno, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, advirtió que su bancada está en contra de la militarización de la seguridad pública, porque las evidencias demuestran que esa no es la solución a la crisis de violencia e inseguridad que se vive en el país.

“Y esta reforma sólo deja un mando civil simbólico y militariza constitucionalmente la seguridad”, afirmó.

En su turno, la diputada perredista Mónica Bautista Rodríguez llamó a la consciencia de la bancada de Morena para hacer una Guardia Nacional civil en todos sus aspectos.

También pidió a los diputados que hoy defienden con energía la militarización de la seguridad pública, a que no olviden que algunos fueron reprimidos en 1968, cuando el movimiento estudiantil fue sometido por los militares a balazos, muertes y cárcel.

Desde su curul, el diputado priista y general en retiro, Benito Medina Herrera, reprochó las críticas a las fierezas armadas, quienes siempre han sido leales al mando supremo en turno y sobre todo al pueblo de México.

“No es justo que con el afán de ganar puntos o acuerdos se tenga que usar este tipo de expresiones en contra de instituciones; no se vale que se empleen estos términos para utilizarlo con ventajas políticas”, subrayó.

El dictamen con la adenda, tras las audiencias públicas y avalado por el pleno, establece que la Federación contara con una institución policial de carácter y dirección civil denominada Guardia Nacional.

Precisa que la institución será responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, la preservación de los bienes y recursos de la nación, así como la colaboración con las entidades federativas en los objetos anteriores.

La ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional adscrita a la secretaría del ramo de seguridad y que tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor integrada por las dependencias de Seguridad, Defensa Nacional y Marina.

Asimismo, señala que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones.

Además, establece plazo para que dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, el Congreso expedirá la Ley de la Guardia Nacional.

También dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones.

El documento establece que los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional, en el ejercicio de las funciones de la misma, serán conocidos por la autoridad civil competente, en tanto que las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidos por las autoridades y tribunales militares que correspondan.

Los detenidos deberán ser puestos a disposición en instalaciones de las autoridades que correspondan.

El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El cual estará sujeto al establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública al que las entidades federativas y los municipios, a través de sus órganos de policía, deberán suministrar la información de que dispongan en la materia conforme a la ley.

El sistema contendrá también la base de datos criminalísticos y de personas para las instituciones de seguridad pública.

Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad si no ha sido debidamente certificada y registrada en dicho sistema.

La Guardia Nacional se constituirá con los elementos de las policías Federal, Militar y Naval que determine en acuerdos de carácter general el Ejecutivo federal.

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Legisladores simpatizan con propuesta de Heath como miembro de Banxico

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Diputados y senadores de la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión externaron su simpatía por la propuesta de Jonathan Ernest Heath Constable como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), quien les manifestó que de continuar el desabasto de gasolina podría presentarse dos elementos económicos importantes.

Se refirió a la escasez de alimentos y alza en su precio y a una baja de consumidores en establecimientos como restaurantes, cines o plazas comerciales.

Resaltó que el Índice Global de Actividad Económica podría presentarse con tasa negativa; “el problema tendría que resolverse en un par de semanas para que los efectos sean mínimos”.

En cuanto al Indicador de Confianza al Consumidor, señaló que actualmente está en los niveles más altos de los últimos 10 años, pero si se extiende la falta de combustibles podrían verse repercusiones.

Sobre el crecimiento económico para 2019 y 2020, dijo que “se ve difícil alcanzar el cuatro por ciento” y explicó que en el primer año de cada sexenio, históricamente, siempre hay una desaceleración; es una consideración que se tiene en cuenta; “un cambio de gobierno tiene más implicaciones, por lo que el efecto es natural”.

Anticipó que para este año se estima un crecimiento de entre dos y 2.2 por ciento; es decir, similar al de 2018; “hay puntos clave para avanzar, como propiciar la inversión privada, aunque ante lo que pasa en este momento hay inquietud e incertidumbre”.

En su oportunidad, el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, mostró su beneplácito porque un analista reconocido por los mercados nacionales e internacionales es la propuesta del presidente de la República para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México.

Asimismo, el morenista reconoció el éxito del Banco de México por mantener estable la inflación; sin embargo, “tenemos las tasas de interés más altas del mundo, tal vez, después de Turquía y Argentina, estamos dentro del grupo de economías emergentes con mayor tasa”.

Miguel Ángel Chico Herrera, también de Morena, recordó que el objetivo prioritario de Banxico es preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional y para ello resulta fundamental la existencia de un entorno de estabilidad de precios.

Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Minerva Hernández Ramos preguntó su opinión sobre la magnitud de los aumentos recientes en el salario mínimo y el posible impacto que tendrían en la inflación, qué medidas deben observarse para fortalecer el marco macroeconómico y qué postura debería asumir el Banco respecto a la regulación de las comisiones bancarias.

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Dulce María Sauri Riancho pidió conocer cuál sería su principal aportación a la Junta de Gobierno del Banco de México, desde su trayectoria mixta en la banca privada, en servicio público y en la academia.

Destacó que Jonathan Heath se perfila como el gran traductor del idioma de Banxico hacia la ciudadanía. “Hay excelentes estudios sobre desarrollo regional que podrían ser útiles si tienen una expresión más cercana para quienes tomamos decisiones, en particular, uno sobre la paridad del peso-dólar en la frontera norte”.

La senadora del mismo partido Vanessa Rubio Márquez preguntó sobre los efectos que pueda tener la parte macro en la estabilidad de precios, inflación y de expectativas de crecimiento del fenómeno que se vive en el país por el desabasto de combustibles y qué costos puede tener para la economía.

“Nadie pone en duda el valor de combatir un fenómeno delictivo que es el ‘huachicoleo’, pero sí la estrategia que está provocando un desabasto significativo”, opinó y se congratuló con la propuesta de designación de Jonathan Heath al contar con credenciales académicas, de formación y de experiencia.

En su oportunidad, la diputada de Encuentro Social Adriana Paulina Teissier Zavala expresó que su fracción parlamentaria busca crear un liderazgo político constructivo, ético y socialmente ejemplar y consideró que los líderes que gobiernen el país deben estar dispuestos a compartir el poder, porque éste debe ser patrimonio de todos y no de unos cuantos.

En tanto, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano, indicó que el actual gobernador de Banxico considera que el desabasto de gasolinas puede convertirse en un factor de riesgo para la inflación, por lo que interrogó si tiene algún dato de cómo afectaría, cuáles serían los límites y el impacto posible a la inflación de no acudir al esquema de suavización que se tenía para el IEPS en gasolinas y que cambió del año anterior a éste.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática José Ricardo Gallardo Cardona preguntó si a corto plazo se puede reducir la tasa de inflación y si no se puede, ¿cuándo sería y bajo qué metodología se puede lograr?

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Empleo de la Guardia Nacional será de competencia civil y bajo ninguna circunstancia la dependencia suplirá al Ministerio Público: Sedena

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El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Luis Crescencio Sandoval González, aseguró que la responsabilidad del empleo de la Guardia Nacional será de competencia civil y bajo ninguna circunstancia la dependencia federal suplirá al Ministerio Público.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la encargada de dirigir el esfuerzo principal en esta materia de seguridad pública, a través de la generación de estrategias, la planeación y la determinación de las actividades que realice la Guardia Nacional”, comentó en el marco del tercer día de las audiencias públicas para analizar la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional.

La ejecución de sus funciones corresponderá a la autoridad civil de más alto rango; tal y como lo establece el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, documento rector que da origen a esta fuerza.

Durante su participación en la Mesa 8 : “Seguridad, Construcción de la Paz y Guardia Nacional”, explicó que respecto del ámbito de competencia del Ministerio Público, “la participación de este cuerpo de seguridad será únicamente en apoyo de dicho ministerio y bajo ninguna circunstancia suplirá a esta representación social”.

Expuso que dentro de los lineamientos de operación de la Guardia Nacional a la Sedena “únicamente” le corresponderá ejecutar las tareas y funciones de los planes diseñados por las coordinaciones de seguridad y en apego a las disposiciones elaboradas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Aclaró que el control operativo en las comunidades donde se desplegará la Guardia Nacional, le corresponderá “a un elemento de la misma por contar con el conocimiento técnico para dirigir la fracción asignada en el área jurisdiccionada a cada coordinación regional”.

Dicho personal estará capacitado y adiestrado en las funciones policiales con sus obligaciones y responsabilidades, “pero siempre lo hará apegado a los ordenamientos jurídicos correspondientes y su actuación será con énfasis en el respeto a los derechos humanos”.

Sandoval González destacó que para complementar la capacitación se implementarán conocimientos técnico-policiales de “máximo nivel” orientados al personal de Policía Militar y Policía Naval, así como al personal civil, con el objetivo de proporcionar a todos los miembros “una sólida formación en el respeto a los derechos humanos, equidad de género, proximidad social, prevención del delito y atención a las víctimas”.

Aseveró que existirá un control permanente a través de las coordinaciones estatales y regionales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “fase esencial para el seguimiento de las operaciones que realice la Guardia Nacional”.

Respecto del reclutamiento y capacitación, las “actividades que iniciarán una vez que se aprueben las reformas jurídicas correspondientes”.

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