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Se reúnen AMLO y EPN; pactan aprobar Fiscales y SSP antes de diciembre

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El Presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acordaron adelantar las reformas legales para crear, de nuevo, la Secretaría de Seguridad Pública, y elegir a los fiscales General, Anticorrupción y contra Delitos Electorales.
Luego de una reunión privada de casi dos horas en Palacio Nacional, el tabasqueño informó sobre el pacto para que Peña Nieto, como Jefe del Ejecutivo en funciones, presente la iniciativa para crear la SSP, con una reforma a la Ley de la Administración Pública Federal.
En conferencia, desde el salón Tesorería, explicó que se iniciará el proceso de selección de los fiscales en el Senado, que deberá enviar una lista de 10 aspirantes a Peña Nieto para que sea el priista quien proponga la terna a esa Cámara.
López Obrador adelantó que la idea es que los nombres que ya había propuesto queden incorporados, primero, en la lista de los 10 candidatos del Senado y, después, en la terna del Presidente en funciones.
Para la Fiscalía General, AMLO propuso a Eva Verónica de Gyves Zárate, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Bernardo Bátiz.
Como posibles fiscales anticorrupción están María de la Luz Mijangos, Diana Álvarez Maury y Ricardo Peralta Saucedo.
Para la FEPEADE se perfila a María Estela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos y Agustín Ortíz Pinchetti.
Por otro lado, dijo que para la reforma sobre la SSP no será necesario utilizar el mecanismo de la iniciativa preferente, ya que existe suficiente tiempo para procesarla.

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Respetaré fallos de amparos contra Ley de Remuneraciones: AMLO

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará lo fallos de los jueces y magistrados sobre los amparos que han promovido funcionarios públicos e integrantes del Poder Judicial Federal para evitar la reducción de los salarios, pero aclaró que el Poder Legislativo es el que tendrá la última palabra.

Afirmó que su gobierno decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque “son exagerados, ofensivos”, de manera particular, los sueldos que se ganan en el Poder Judicial, que llegan a los 300 mil y hasta 600 mil pesos mensuales.

La Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos ya fue aprobada por el Poder Legislativo; sin embargo, dijo el presidente López Obrador, los inconformes “están en su derecho” de recurrir a los amparos para evitar la reducción salarial, y él respetará la decisión de magistrados y jueces, porque cree y quiere que exista en el país un Estado de derecho.

En la conferencia matutina anunció que el gobierno federal alista un programa de protección para los paisanos que regresan a México en esta temporada de Navidad y Fin de Año, en el que autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), Aduanas, Policía Federal, y la Secretaría de Gobernación (Segob), combatirán y castigarán la extorsión y la mordida, y se garantizará la protección de los migrantes.

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Pacto para la migración, una luz en el camino del cambio: Ebrard

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El recién firmado Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, del cual México es signatario, es una luz en el camino para lograr un cambio en la política en la materia, aseguró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon.

Durante su participación en la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, en Marruecos, el canciller subrayó que México está resuelto y convencido para cumplir y defender dicho pacto, y por el país hablaran sus hechos.

“Los felicito, por haber firmado este pacto, y a todos los que han participado, porque es una luz en el camino, es una semilla, es una puerta que se abre; porque sí, la sociedad puede ser diferente, va a serlo si nosotros queremos que así sea”, sostuvo.

Ebrard dijo que México será el país más comprometido de todos los firmantes, porque “va a cambiar su política migratoria, México va a hacerlos sentir orgullosos del pacto que hemos adoptado. Vamos a cambiar las cosas y por nosotros hablarán nuestros hechos”.

El canciller comentó que hoy en día una muy buena parte de la narrativa política en el mundo va en contra de lo firmado en este encuentro, en contra de los que “coincidimos en una idea de regular la migración desde una perspectiva de los derechos humanos”, pues “allá afuera” sostienen que se deben defender las fronteras.

Sin embargo, confió en que la voluntad para que el pacto, más que una declaración, se convierta a partir de mañana en acciones y políticas efectivas que vayan abriendo las puertas, demostrará que los firmantes tenían razón.

“En México acaba de haber un gran cambio político; somos un país de 130 millones de habitantes. Llevamos una semana en el gobierno, y si nos hubiésemos reunido hace un año o poco más de un año, la mayor parte de ustedes quizá habría pensado que en México no era posible un cambio tan grande por la vía pacífica”, subrayó.

No obstante, abundó, el principio primordial de ese cambio es una reflexión que fue ganando terreno en nuestra sociedad, y creo que también es válida para la sociedad de las naciones: es posible tener una sociedad diferente, defender la dignidad humana, derrotar al cinismo y al conformismo, y todo empieza con una pregunta, que es ¿y si fuera distinto todo?

“Eso llevó a un gran cambio, admitir esa pregunta y empezar a contestarla en un sentido positivo para provocar grandes cambios en el mundo también”, puntualizó el titular de la SRE.

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Ley de salarios, afrenta directa a independencia judicial: jueces y magistrados

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Las propuestas de reformas al Poder Judicial de la Federación buscan facilitar una “intromisión indebida” en contra de la Judicatura por parte de los otros poderes de la federación, afirmaron jueces y magistrados.

Durante un histórico acto de protesta en el edificio del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF afirmó que el conflicto entre poderes por la Ley Federal de Remuneraciones no sólo implica la reducción salarial sino una afrenta directa contra la independencia judicial.

“Señalan cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, dijo.

“El componente salarial es sólo una de las variables que conforman la independencia judicial, sin embargo, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes”.

La lectura del posicionamiento se dio en 30 sedes a nivel nacional y contó con la participación de 1410 juzgadores.

La Ley Federal de Remuneraciones regula el artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en campaña que ganaría 108 mil pesos mensuales por lo que la consecuencia natural de la promulgación de la ley es la reducción salarial de quien gane más de esa cantidad.

Sin embargo, el artículo 94 constitucional establece que los salarios de jueces, magistrados y ministros no pueden ser reducidos mientras duren en el encargo.

En el PJF quienes ostentan los salarios más altos son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 268 mil 215 pesos mensuales, no 600 mil pesos como ha afirmado López Obrador.

Por esta razón, la Asociación emprendió una estrategia de litigio mediante la presentación de diversas demandas de amparo contra la ley mediante un escrito modelo.

A estas se han sumado otros integrantes del PJF y otras dependencias como PEMEX, Comisión Federal de Competencia Económica, Procuraduría General de la República, IPN, Comisión Federal de Electricidad, CISEN, Instituto Nacional Electoral y el Servicio de Administración Tributaria.

En total van 862 demandas de amparo que presentaron 4 mil 74 quejosos, de ellos 351 son jueces, 383 magistrados, mil 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales y el resto son externos.

El viernes pasado el ministro Alberto Pérez Dayán ordenó suspender la Ley Federal de Remuneraciones, por lo que la Cámara de Diputados deberá elaborar el PEF 2019 con las reglas de la Constitución con las que elaboró el presupuesto de 2018.

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