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Internacional

Defensa de ‘El Chapo’ pide al Gobierno de AMLO anular proceso de extradición a EU

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La defensa en México de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera pidió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador echar atrás la autorización de extradición a Estados Unidos para su enjuiciamiento en una Corte de Nueva York.

Advirtieron que el procedimiento que realizó la administración de Enrique Peña Nieto resulta “ilegal y violatoria de los derechos humanos” en agravio de Guzmán Loera y su familia.

En entrevista telefónica con El Financiero, el abogado José Refugio Rodríguez, dijo este jueves que desde diciembre pasado, con el inicio de la nueva administración federal, se presentó un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidiendo una revisión y anulación del procedimiento.

“Se hizo esta solicitud porque a todas luces fue un procedimiento ilegal y violatoria de derechos humanos, porque se le extraditó por delitos que no estaban previsto en la solicitud de extradición hecha por el Gobierno de Estados Unidos, e incluso, se le está enjuiciando en una corte distinta”, comentó.

Recordó que Estados Unidos solicitó la extradición de Guzmán Loera por dos procesos radicados en las Cortes Federales de California y Texas.

Rodríguez aseguró que el juicio de extradición se llevó a cabo por esos dos casos y de manera sorpresiva se le entregó por cargos que enfrentaba en Nueva York y que son por los que ahora lo están juzgando en el vecino país del norte.

Detalló que el 19 de enero de enero de 2017, ‘El Chapo’ fue extraditado con un “acuerdo ilegal” en el que el Gobierno de México autorizó que se le procesara por un tercer asunto en Nueva York, del cual no conocieron los tribunales mexicanos.

Reconoció que a lo que se aspira con este recursos no es el regreso de Guzmán Loera a México, “pues es poco probable que Estados Unidos lo entregue devuelta”, sino a que se anule el juicio que enfrenta actualmente en Nueva York.

El litigante explicó que este jueves, los abogados Andrés Granados y José Luis Meza, acudieron a la cancillería para ver si el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya dio respuesta a su petición.

Al respecto, y entrevistado afuera de la SRE, González Meza afirmó que existen las condiciones necesarias para que ‘El Chapo’ pueda regresar a México, por lo que confió que su petición pueda ser atendida por la administración de Andrés Manuel López Obrador de quien, dijo, esperan “todo el apoyo”.

También dijo que también buscan un acercamiento con el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que intervengan en el asunto.

“Estamos promoviendo ante la Suprema Corte para que ellos dictaminen y el gobierno de México a cargo de Andrés Manuel López Obrador y Ebrard tomen cartas en el asunto y sea regresado, porque finalmente el capital que sea que él tenga no debe quedar en manos de los Estados Unidos de Norteamérica, fue dinero generado en México, entonces ellos están esperando que con dinero de ‘El Chapo’ se les construya el muro, esto es inadmisible, esto es criminal”, manifestó.

Indicó que estiman que en febrero o marzo podría concluir el juicio en Estados Unidos, por lo que insisten en que puede intervenir el Estado mexicano para que se nulifique ese proceso, de modo a que su procedimiento se siga en México.

Tras presentar ante los medios el oficio que entregó a la SRE en el que pidieron que intervenga en el caso de Guzmán Loera, González Meza comentó que anteriormente ya habían buscado un acercamiento con Ebrard para solicitar una visa humanitaria para la madre de ‘El Chapo’, María Consuelo Loera Pérez, así como para sus hermanas.

“La señora ya es grande de edad, más de 80 años y se encuentra delicada de salud y quiere ver a su hijo. El señor (Marcelo Ebrard) Casaubón nos envió a un funcionario cercano y nos dijo que va a tomar cartas en el asunto”, comentó.

Al referirse a las presuntas violaciones a los derechos humanos de Guzmán Loera que acusan en su proceso de extradición y de las cuales responsabilizan a Peña Nieto y a Videgaray, el abogado aseguró que el expresidente tendrá que rendir cuentas por haber hecho caso omiso a los amparos que estaban vigentes y también por las supuestas entregas de dinero que, afirmó, recibía del narcotraficante.

González Meza afirmó que en Estados Unidos tienen guardadas pruebas testimoniales y documentales de “un aproximado de más de mil millones de dólares durante todo este tiempo, hasta que fue apresado”, que ‘El Chapo’ entregó a Peña Nieto.

Internacional

Cierre parcial del gobierno de Trump cumple 29 días sin visos de solución

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La advertencia del presidente Donald Trump acerca de que este iba a ser “un cierre de gobierno muy largo” si el Congreso le negaba cinco mil 700 millones de dólares para construir un muro en la frontera sur del país, es una realidad y hoy suma 29 días.

Este sábado, el cierre parcial del gobierno se convirtió ya en el más largo en la historia del país después del que se registró bajo la administración del expresidente William Clinton, que tuvo lugar entre diciembre de 1995 y enero de 1996 y duró 21 días.

Trump se rehúsa a firmar una ley de presupuesto que excluya fondos por cinco mil 700 millones de dólares para construir la muralla, que ahora acepta que sea de acero y no de concreto, pero que -argumenta- hará de Estados Unidos el país más seguro del mundo.

El liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes (cámara baja), cuya Presidencia ostenta Nancy Pelosi, se niega en forma rotunda a aprobar tal partida.

Los demócratas han dicho que aproborán un presupuesto para seguridad, que incluya la última tecnología para la vigilancia en la frontera, pero de ninguna manera para construir la barda, la cual califican como una medida inviable e inmoral.

Mientras Trump insiste en mantener el gobierno cerrado “el tiempo que sea necesario” y los demócratas se niegan a concederle una “victoria política” que le haría cumplir una de sus más sonadas promesas de campaña, el cierre parcial supuso el fin de la financiación para 25 por ciento del gobierno federal.

El impacto va más allá del hecho de que las calles de la capital del país más poderoso del mundo permanezcan silenciosas o los museos y parques cerrados, pues entre los Departamentos o Ministerios federales que se han visto afectados están Seguridad Nacional, Justicia, Vivienda, Agricultura, Comercio, Interior y Tesoro.

La mayoría de los empleados están de licencia, es decir, de baja temporal por la falta de fondos, pero aquellos trabajadores que son considerados esenciales están trabajando sin sueldo y suman unos 800 mil.

En Estados Unidos un presidente opta por el cierre del gobierno debido a una ley conocida como Antideficiency Act, que data de 1884. Aunque el primer cierre tuvo lugar en 1976, solo tuvo efectos prácticos hasta comienzos de la década de 1980 y desde entonces han ocurrido 21 cierres.

Esta ley impide que las agencias federales funcionen en ausencia de una aprobación presupuestal por parte del Congreso, con el fin de evitar gastos más allá de los fondos asignados.

Asimismo, permite excepciones en el caso de servicios que tienen que ver con la seguridad de la vida humana o la seguridad nacional.

El actual es un cierre parcial porque el Congreso aprobó 70 por ciento del gasto federal y están pendientes los fondos para el Departamento de Estado, Agricultura, Justicia, Transporte, Tesoro, Interior y Seguridad Nacional.

Trump decidió decretar el cierre a partir del 22 de diciembre pasado luego que tras una jornada maratónica de negociaciones bipartidistas, la propuesta para extender cuatro semanas el presupuesto federal en vigor fracasó al no recibir los 60 votos necesarios en el Senado (dominado por los republicanos).

Desde el primer minuto de ese día, muchas agencias federales dejaron de operar, excepto los servicios esenciales, y miles de empleados federales civiles recibieron licencia para ausentarse forzosamente de sus puestos de trabajo.

La mayor parte del personal de los departamentos de Vivienda, Medio Ambiente, Educación y Comercio se fue a sus casas. Cerca de la mitad de los trabajadores del Tesoro, Salud, Defensa y Transporte también están en paro.

En cuanto a la Casa Blanca, por ejemplo, mil 56 trabajadores de la Oficina Ejecutiva del Presidente tienen licencia, mientras que 659, considerados esenciales, continúan trabajando.

En el Departamento de Defensa poco más de 50 por ciento de los empleados no asisten a sus oficinas y algunas operaciones de mantenimiento, entrenamiento e inteligencia se suspendieron temporalmente.

A 29 días de cierre, la economía estadunidense ya sufre estragos. La agencia de medición de riesgo Standard and Poor’s estima las pérdidas en unos seis mil 500 millones de dólares por semana.

El presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconoció el martes pasado que el cierre afectaba la economía más de lo que se había previsto. Según la estimación, en la cuarta semana del cierre, la economía habrá perdido casi medio punto porcentual de crecimiento anual.

No obstante, asegura que la economía tendrá un estímulo apenas se reabra el gobierno.

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Sin muro será difícil detener nueva caravana migrante: Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que sin el muro fronterizo será difícil detener a la nueva caravana migrante.

“Otra gran Caravana se dirige a nuestro camino. ¡Es muy difícil de detener sin un muro” escribió.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente alertó sobre la intención de un nuevo grupo de migrantes de llegar a la frontera con México.

Durante la madrugada, los integrantes de la nueva caravana migrante cruzaron de forma violenta la frontera entre México y Guatemala.

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Internacional

ELN podría estar detrás de atentado contra academia de policía de Bogotá

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El Ejército de Liberación Nacional, conocido también como el ELN, podría estar detrás del atentado con coche bomba contra una academia de la Policía colombiana en el sur de Bogotá que dejó un saldo de al menos 21 muertos y 68 heridos.

El responsable de la explosión fue identificado por la Fiscalía General de la Nación como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 58 años. El presunto autor accedió con el vehículo a la Escuela General Francisco de Paula Santander, y segundos después voló por los aires tras estrellarse contra un edificio de alojamientos para mujeres.

Rojas Rodríguez era explosivista del ELN y tenía el alias de “Mocho Kico”, según la Fiscalía. Era el hombre de confianza de alias “Culebro Viejo” y llevaba 17 años al servicio del frente Adonay Ardila Padilla, de acuerdo con una nota de la emisora colombiana Caracol.

Dicho frente guerrillero delinque en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare.

Algunos desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional, específicamente del frente Domingo Laín, le habrían entregado información a las autoridades que ubican a Rojas Rodríguez en el 2003 instruyendo a otros militantes en compañías como el batallón Héroes y Mártires.

Rojas habría llegado a las inmediaciones de la Escuela General Santander, en el sur de Bogotá, a bordo de una camioneta Nissan Patrol de color gris. En el coche había unos 80 kilos de pentolita, un potente explosivo que se obtiene de la mezcla de TNT y pentrita y que suele utilizarse en la fabricación de minas antipersona.

La Fiscalía estableció que las dos más recientes revisiones tecnomecánicas del carro que usó como bomba, y del cual aparecía como propietario, fueron hechas en Arauca.

Esto se convirtió en un indicio para establecer como primera línea de investigación al ELN frente la autoría intelectual del atentado terrorista que sacudió ayer a la capital colombiana, según una fuente de la Policía, citó por su parte el diario El Tiempo.

El último atentado con explosivos contra la Fuerza Pública en una capital ocurrió hace apenas un año en Barranquilla, el 27 de enero del 2018. Ese día murieron cinco policías y el ELN se atribuyó el ataque.

Sobre el atentado, las autoridades verificaban la noche de este jueves la posible vinculación del conductor del carro bomba con el ELN y, en especial, con alias “Culebro Viejo”, que fue jefe militar del bloque Oriental de esa guerrilla.

Se sabe que Rojas Rodríguez compró el Nissan Patrol, que detonó –de placas LAF 565–, en mayo del año pasado.

La información del vehículo llevó a las autoridades a buscar más sobre Rojas Rodríguez. En una revisión inicial se detectó que no poseía antecedentes judiciales vigentes y tampoco tenía sanciones en la Procuraduría, la Contraloría y la Personería de Bogotá. Tampoco tenía multas de tránsito.

El ELN ha tenido una fuerte presencia en Arauca, donde los guerrilleros están a cargo de alias Pablito, uno de los radicales del grupo y cuyo poder radica en que tiene al mando al menos el 60 por ciento del total de la estructura armada de la organización. Además es el jefe con mayor poder económico dentro del grupo guerrillero por sus negocios de narcotráfico.

“Pablito”, cuyo nombre verdadero es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, ha sido, desde el comienzo, uno de los grandes opositores del proceso de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano.

De hecho, para contar con su apoyo, la organización lo incluyó en el Comando Central (Coce), máxima instancia de dirección de esa guerrilla, en el 2015. Pero ni eso habría ablandado a “Pablito”, y los otros jefes guerrilleros dependen en buena medida de su dinero y de su poder militar.

Alias Pablito vive en la frontera con Arauca y se sabe que pasa con frecuencia a Venezuela, pues según fuentes de inteligencia, es el interlocutor principal del ELN con funcionarios del Gobierno venezolano.

La pentolita, el explosivo utilizado en el ataque, es de uso militar y civil, y es de alto poder. En noviembre pasado, la Fiscalía y la Armada confiscaron 16 paquetes con ese material en una casa de Cartagena en la cual fue capturada una mujer señalada de pertenecer a las milicias urbanas del ELN.

De confirmarse que esta guerrilla fue la autora intelectual del ataque, quedaría prácticamente cerrada la posibilidad de una reanudación de los diálogos con el ELN, que están congelados desde el 3 de agosto del año pasado.

El grupo armado se ha negado a poner fin a los secuestros y los ataques y hostilidades, condición que le ha puesto el presidente Iván Duque para continuar las conversaciones en La Habana, a donde se trasladó la mesa de negociación después de que el Gobierno de Ecuador le retiró su apoyo y dejó de ser el país anfitrión.

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