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Fructífera Reunión de Laura Beristain con Andrés Manuel López Obrador en la CDMX

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La presidenta municipal electa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete acudió a la Ciudad de México a una reunión de trabajo con Andrés Manuel López Obrador, en la que asistieron de igual manera las y los ciudadanos que fueron elegidos a cargos de elección popular, durante las recientes elecciones del 1 de julio pasado, bajo las siglas de los partidos que conformaron la alianza “Juntos Haremos Historia”.

“Este encuentro es el primer paso en la construcción de una agenda en común que asumimos con nuestro próximo presidente de la República inspirados en tres premisas fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar a la patria. Bajo estos ejes rectores vamos a trabajar por la cuarta transformación de la nación”, explicó Beristain Navarrete.

En ese orden de ideas, detalló que esto permitirá una absoluta coordinación entre los 3 niveles de gobierno que tendrán que “jalar parejo” para llevar a cabo las acciones que serán necesarias para lograr el cambio verdadero que por el que los ciudadanos optaron al votar por Andrés Manuel López Obrador a los candidatos electos a cargos de elección popular en la alianza “Juntos Haremos Historia”.

“A nosotros nos tocará hacer nuestra parte desde Solidaridad donde la gente confío en nosotros y no la defraudaremos en la búsqueda de recuperar la paz social y devolverle a los solidarenses la tranquilidad a la que tanto aspiran”, detalló.

Agregó que de vuelta de la reunión con el líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) visitará a los habitantes de Solidaridad con quienes establecerá consultas ciudadanas para tener una agenda en común que sea anexada al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

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Tendrá próxima administración un SACMEX funcional

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• El Gobierno de la Ciudad de México no dejará deudas ni compromisos que afecten la operación del Sistema de Aguas, a fin de proteger el abasto para las y los capitalinos.

El Gobierno de la Ciudad de México dejará un Sistema de Aguas (Sacmex) funcional a la siguiente administración, sin deudas ni compromisos que perjudiquen la correcta operación del organismo, con el objetivo de asegurar el abasto de agua a las y los habitantes de la capital del país durante el cambio de gestión, coincidieron integrantes de los equipos de transición.
Al término de su primera reunión de trabajo, informaron que se dejará todo listo para que a partir del próximo 5 de diciembre, la siguiente administración comience su manejo sin contratiempos por tratarse de uno de los temas prioritarios para la ciudad.
El titular de Sacmex, Ramón Aguirre Díaz, dio a conocer que por instrucciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, se ofrecerá toda la información y orientación a quienes lleguen a dirigir el Sistema.
“No habrá sorpresas, vamos a dejar un organismo funcionando, dando servicio, con algunos problemas que enfrentamos de siempre, nada nuevo; ni tampoco vamos a dejar compromisos hacia futuro que afecten, para que se tomen las decisiones que quieran tomar. Van a tener la mesa lista para que ellos decidan cómo orientar los trabajos del Sistema”, sostuvo.
El equipo técnico de Sacmex presentó una propuesta de programa multianual denominado “Plan para el futuro CDMX”, el cual contempla un aumento a la inversión de 256 mil millones de pesos para eliminar fugas, maximizar uso de fuentes naturales como manantiales, reactivar el acuífero e incrementar la captación de agua de lluvia, entre otros aspectos.
Dada la complejidad técnica del tema, los integrantes de la mesa plenaria sobre el agua acordaron que especialistas dedicarán las próximas semanas a revisar a detalle el plan para que se perfeccione y mejore a fin de determinar el desarrollo de lo que se aplicará. La primera reunión será el próximo miércoles 25 de julio.
El secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, explicó que la reunión es parte de los primeros pasos que se están dando para cumplir los acuerdos fijados el 12 de julio entre los equipos de transición designados por el mandatario capitalino y la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, César Cravioto Romero, representante del equipo de transición de Sheinbaum, reconoció que los funcionarios capitalinos brindaron amplia información sobre las prioridades del Sacmex para mejorar el abasto.
Dijo que se le está permitiendo al nuevo Gobierno tomar las decisiones en cuanto inicie, sin dejarlo amarrado a ninguna responsabilidad financiera, ni de proyecto de obra sobre el tema del agua en la ciudad.
A este primer encuentro asistieron por parte del Gobierno capitalino, Héctor Manuel Reyes Martínez, director de Agua Potable y Potabilización; Gerardo González Rivero, director de Verificación Delegacional y Conexiones de Sacmex; Alejandro Martínez Pérez, director ejecutivo de Operación del organismo, y Miguel Ricaño Escobar, director de Fortalecimiento Institucional del Sistema de Aguas.
En representación de Claudia Sheinbaum estuvieron presentes los ingenieros Jorge Arganis, Antonio Capella, Germán Martínez y Rafael Correa.

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López Obrador garantiza Fiscalía General autónoma

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  • Adelanta que su salario como Presidente de la República será de 108 mil pesos

El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que la nueva Fiscalía General contará en los hechos, con absoluta autonomía y no recibirá consigna del presidente de la República, y adelantó que como titular del Ejecutivo federal ganará un sueldo bruto de 108 mil pesos mensuales.

En rueda de prensa luego de reunirse con algunos integrantes del que sería el gabinete del siguiente gobierno federal, indicó que el ajuste de los sueldos para los altos funcionarios públicos se haría a partir de quienes ganen más de un millón de pesos anuales.

“O si se quiere ver, los que reciben tres, cuatro millones al año, hasta un millón (de pesos); de ahí para abajo no va haber ajuste porque se trata de trabajadores de nivel medio y en vez de bajar el sueldo se va a aumentar”, acotó.

López Obrador señaló que el ajuste va en congruencia con su promesa de campaña en el sentido de que se va a bajar el sueldo de los de “arriba” para aumentar las percepciones de los de “abajo”.

Al dar a conocer los Lineamientos de su política de Austeridad Republicana en el gobierno y combate a la corrupción, constituido por 50 puntos, los cuales incluyen diversas reformas, expuso que sus percepciones implican 40 por ciento menos de los 270 mil pesos mensuales que actualmente recibe el Ejecutivo federal.

“Se va a romper el molde de cómo se hacía la política tradicional”, aclaró en su casa de transición ubicada en el número 216 de la calle Chihuahua, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc.

En materia de combate a la corrupción, indicó que “aspiramos a estar en los primeros lugares de honestidad en el mundo”, e indicó que para todos los servidores públicos será obligatorio dar a conocer sus bienes.

“Todos los servidores públicos debemos respetar lo que está establecido en la Constitución, en la ley suprema y todos estamos obligados a que se respete”, subrayó.

Al enumerar las 50 propuestas, refirió que la nueva Fiscalía General trabajará bajo el principio liberal de “al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie”, a la vez que deberá garantizar que las elecciones sean limpias y libres.

Ello, para evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso de presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos o candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral. Su distintivo será la imparcialidad y su misión la de establecer una auténtica democracia.

“La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha calado a México y no permitir bajo ninguna consideración el predominio de la impunidad (…) podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se trate”, explicó.

En ese rubro, puntualizó, se incluirá a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. “Un buen juez por la casa empieza”, aseguró.

Además, dio a conocer que se reformará el Artículo 108 constitucional para agregar que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.

Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos, se reformará la Ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, corrupción, asociación de funcionarios y particulares para cometer fraude a la hacienda pública, abundó López Obrador.

Otra medida que se considerará como delito es el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades, en tanto que las penas no permitirían al inculpado obtener la libertad bajo fianza.

El aspirante ganador de la elección presidencial recalcó que todos los funcionarios públicos deberán dar a conocer su declaración patrimonial, así como la de sus familiares cercanos y será pública y transparente en todos los casos.

Cuestionado respecto a si invitará al excandidato presidencial José Antonio Meade a la dirección del Banco de México (Banxico), expresó que “tengo el compromiso de hablar con él”.

Precisó que el 1 de julio, al término de la elección, entabló una comunicación con Meade Kuribreña, y también con el aspirante presidencial Ricardo Anaya; “no he podido ahora, voy hablar con ellos. Para eso quiero platicar con ellos para respetuosamente saber cuáles son sus planes, qué han decidido hacer”.

Reiteró que está en “un plan de reconciliación”, porque tras la contienda, la transición se está llevando a cabo sin sobresaltos e incluso se ha beneficiado la economía.

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La Comisión de Derechos Humanos del Senado fortaleció los derechos de la niñez y los jóvenes

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· Urge prevenir la comisión de delitos por menores de edad, con base a un sistema más benigno, acusatorio e inscrito en la restitución de derechos.

· Se fortaleció la reinserción social y se priorizaron las medidas alternativas a la privación de la libertad.

Como impulsora del cambio y actor principal en la consolidación de los derechos de las y los mexicanos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República aprobó diversas leyes que enriquecieron el marco normativo en la materia y cuyo trabajo fue apegado a los más altos estándares internacionales para proteger los derechos de la ciudadanía.

Además de la aprobación de las leyes en materia de tortura, desaparición forzada de personas, y de declaración especial de ausencia para desaparecidos, consideradas como fundamentales para la protección de la integridad de la ciudadanía, la Comisión también avaló leyes que robustecieron los derechos de los jóvenes y de las niñas y niños de México.

En entrevista, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión, destacó la aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo propósito es garantizar los derechos humanos de los adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados.

Aclaró que las niñas y niños menores de 12 años no son objeto de este sistema y si se ven involucrados en algún hecho delictuoso, por su edad, tienen que ser atendidos y buscar su reinserción y su tratamiento desde la asistencia social, lo que significa una prohibición de que las personas menores de 12 años puedan ser privadas de su libertad.

En tanto, los adolescentes de 12 años y de menos de 14 años que cometan algún delito que pueda llevar una sanción fuerte por su magnitud, no van privados de su libertad sino que tiene que hacerse un tratamiento con medidas alternativas a la privación de la libertad, como el trabajo comunitario, añadió.

Respecto a la implementación de esta ley, la senadora por el PRD precisó que se tienen las mismas dificultades existentes en el propio sistema para adultos, pues no se ha entendido la reinserción social y cuáles deben ser las políticas que lleven a la implementación de este nuevo sistema.

A decir de la legisladora debe estar inscrito desde el principio -por parte de los jueces de ejecución- en la asistencia del plan personal de quien está bajo una medida alternativa de privación de libertad o una de privación de libertad por haber cometido algún delito y que es la parte más importante que se debe seguir atendiendo.

“Por desagracia, todavía el sistema tanto para adolescentes como para adultos, está inscrito en la readaptación social y eso está limitando la implementación correcta de estos preceptos constitucionales que tienen que lograr como propósito que una persona que esté involucrada en un hecho delictuoso corrija ese camino y pueda reincorporarse después de que cumple la sanción punitiva que determina el juez, pues pueda incorporarse por el camino de la legalidad”, aseguró la también integrante de la Comisión de Justica.

Es necesario prevenir que una persona menor de 18 años de edad que ha cometido un ilícito, pueda reencauzar sus alternativas, con base en un sistema más benigno, acusatorio, fundamentalmente inscrito en la restitución de derechos, aseveró.

La Ley de Justicia para Adolescentes fue la primera Ley constitucional que estableció como principio fundamental de naturaleza penal una doctrina garantista a partir del reconocimiento de un debido proceso legal, fundado en un sistema acusatorio y de reinserción social, argumentó.

Lamentablemente, añadió la legisladora, no se ha logrado porque prácticamente la mayoría de los centros de privación de libertad siguen siendo, en su mayoría cárceles que no cuentan con políticas para lograr la reinserción social.

De la Peña Gómez resaltó la Ley Nacional de Ejecución Penal, otra de las leyes más importantes que aprobó la LXIII legislatura, que va dirigida a los centros de privación de libertad federales y locales, incluyendo los centros para personas menores de 18 años y mayores de 14 años.

En este caso, añadió, no se ha podido constituir la figura que determina la Ley: el juez de ejecución, que es la autoridad judicial competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, que desafortunadamente no se ha logrado constituir.

Es decir, que ya no es la autoridad administrativa la que determina si una persona está cumpliendo con su plan especial y si se atienden los preceptos constitucionales de trabajo, educación, deporte, cultura, todos estos derechos, inscritos para la reinserción de las personas en la sociedad, preciso.

Hizo ver que aún no se ha formado ni verificado a las autoridades conforme a la Ley; “nos preocupa mucho que la legislación no está siendo aplicada de manera debida en los ámbitos locales. Los centros de privación de libertad a nivel local tienen gobiernos de las mafias, la mayoría, o hay una colusión de autoridades con las mafias y todavía sigue habiendo corrupción”.

Además, agregó, hay hacinamiento provocado por la sobrepoblación, así como personas que por delitos, “por bagatelas jurídicas”, que no deberían estar privados de su libertad sino con medidas alternativas a la privación de la libertad. Entonces, todo esto dificulta la implementación y promoción de la reinserción social de cada una de estas personas, sostuvo.

Reconoció que los cambios estructurales no se están implementando y que se necesita una política de gobierno, es decir, la gobernanza que debería distinguir a la política pública sustentada en la aplicación de cada uno de los preceptos de la Ley, y llevar el seguimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, de las organizaciones especializadas, que hoy tienen un papel relevante en la búsqueda de la reinserción social.

Hay muchas cosas qué hacer en los centros de privación de libertad a nivel federal, sobre todo de alta seguridad, insistió. Creo que tienen un mejor control, pero aun así sabemos que la corrupción ha cobrado malas experiencias como la fuga de “El Chapo” de un centro de privación de libertad de alta seguridad.

Este tipo de cuestiones reflejan que se requiere de una especialización y evaluación permanente de quienes estén al frente de estos centros, pero que hasta el momento no se está realizando.

Por otra parte y no menos importante, la senadora Angélica de la Peña, resaltó la importancia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aplicable a todo el país, y por la que se reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, de acuerdo a la Constitución y los tratados internacionales, puntualizó.

Reconoció que se han presentado dificultades en la implementación porque no se ha garantizado la no discriminación de todas las niñas y niños; siguen siendo discriminados los más pobres, están en una situación de vulnerabilidad y riesgo,

La política pública no está tomando en consideración la restitución de derechos cuando estos no están siendo gozados, ejercidos por las niñas y los niños. Aunado a esto, preocupa que falte una articulación del ejercicio de la política pública en los tres órdenes de gobierno que debe sustentarse en el reconocimiento de que las y los menores de 18 años de edad son sujetos de derechos, apuntó.

Por el contrario, “si no hay una determinación de una política general, nacional, inscrita desde este enfoque de los derechos humanos de la niñez, con políticas claras, precisas, medibles, evaluables, no vamos a poder lograr la implementación de cada uno de los preceptos de la Ley sobre derechos de la niñez”, puntualizó De la Peña.

La senadora perredista resaltó también la aprobación de diversas leyes en el Senado, como la de Atención a Víctimas, contra la Discriminación, a los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Penal para Proteger a Periodistas o Defensores de Derechos Humanos.

Así como el trabajo de la mano con la Comisión para la Igualdad de Género, a fin de incorporar la perspectiva de género y reconocer principios de los derechos humanos como el Interés Superior de la Niñez y los principios de no discriminación e igualdad sustantiva.

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