La Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano da nuevos elementos a la Sedena para coordinar el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.
Al difunto “Señor de los Cielos”, el narcotraficante Amado Carrillo, no le hubiera caído para nada bien esta política pública. Hoy, al crimen organizado menos, cuando es un secreto a voces que los narcotraficantes colombianos y mexicanos han usado el espacio aéreo mexicano por décadas como puerta de entrada al mercado más grande de consumidores de drogas. Sí, el de los Estados Unidos.
Con el objetivo central de reforzar la seguridad del país por el uso indiscriminado del espacio aéreo por parte de empresas de aviación sin protocolos y de vuelos clandestinos por parte del crimen organizado, la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicana jugará un papel determinante para reforzar las misiones de seguridad en territorio nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que dirige Luis Cresencio Sandoval.
Con la aprobación de esta ley, se creará el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, el cual estará integrado por la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Esta instancia gubernamental se encargará de vigilar el tránsito aéreo que se aparte del área regulada, así como de proteger la soberanía nacional, inhibir el uso ilícito del espacio aéreo y actuar contra aquellos actos que pongan en peligro la seguridad de la aviación civil.
Según la iniciativa de ley, las amenazas a la seguridad nacional ocurren en diversos vuelos debido a que el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó que en 2019 ingresaron a ese país 118 toneladas de cocaína por vía aérea, con un costo estimado de 135 mil millones de pesos.
Para México, “esta situación genera presión política internacional, debido a los daños a la salud, la violencia y los actos de corrupción que presupone”, dice la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicana.
Para los expertos el objetivo es central, que la Sedena podrá coordinar a todas las autoridades involucradas en el sector para garantizar la seguridad, soberanía e independencia en el espacio aéreo mexicano contra al operatividad del crimen organizado.
Te puede interesar: Ebrard y Blinken tratan tema de estadounidenses en Matamoros
Contenido
La nueva legislación contempla diversas directrices que se centrarán en establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar el espacio aéreo.
El dictamen señala que el Ejecutivo Federal, garantizará la soberanía de la nación sobre el espacio aéreo mexicano por medio de la vigilancia y protección coordinada que sobre éste realizan las distintas dependencias y entidades del Estado mexicano.
El documento menciona que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, actuará conforme a sus atribuciones al observar alguna de las maniobras de vuelo que se señalan como lo es el no activar su código transponder —ayuda al control de tráfico aéreo a reconocer cada avión— o apagarlo durante el vuelo, cambiar de ruta sin motivo aparente, no establecer comunicación con los servicios de control de tránsito aéreo previstos por la autoridad aeronáutica o con el Centro.
También actuará cuando los vuelos no cuenten con información de plan de vuelo, registrar cambios erráticos de velocidad, altura, rumbo o realizar maniobras inusuales, sobrevolar una zona restringida, prohibida, peligrosa, de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano y de identificación de defensa aérea, y cuando una aeronave se encuentre en situación de emergencia.
El Centro considerará como vuelo no autorizado, cuando la traza de interés no fuera identificada y cuando las aeronaves no cuenten con un plan de vuelo autorizado por la autoridad aeronáutica, ni aprobado por los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.
Se considerará un vuelo clandestino, cuando la tripulación de una aeronave no cuente con un plan de vuelo autorizado antes del despegue o aprobado durante el vuelo, para evitar ser detectado, eluda o desobedezca a la autoridad y cuando incurra en desacato, no exhiba de manera visible o no sea posible visualizar por medio de electro-ópticos los distintivos de nacionalidad y matrícula de la aeronave.
E incluso, cuando aterrice en un lugar distinto al establecido al plan de vuelo sin dar aviso, y cuando se localice la aeronave en una superficie terrestre o marítima diferente a un aeródromo o helipuerto.
Misiones
Con estas herramientas, la Sedena podrá aumentar sus misiones de seguridad en el territorio nacional.
Prueba de ello es el reporte que realizó Luis Cresencio Sandoval el pasado 3 de enero, ante integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México sobre las maniobras que realiza la Sedena.
En cuanto a seguridad del espacio aéreo, dijo que actualmente se cuenta con todo un sistema que se complementa con aviones para la intercepción aérea, pero principalmente el establecimiento de radares que se tienen en Cozumel, Quintana Roo; en Zapata y en San Cristóbal, Chiapas; en Ciudad Ixtepec, Oaxaca; y en Hermosillo, Sonora.
Relató que estos radares permiten tener el control del espacio aéreo e identificar cuando nuestro espacio aéreo es empleado para actividades ilícitas. “La misión que tiene este sistema es garantizar la soberanía, seguridad y protección del espacio aéreo”, resaltó.
Narró que también se realizan operaciones en 76 aeropuertos y las rutas que se tienen identificadas para estos vuelos ilícitos es el Caribe, el Pacífico y el noroeste del país.
“Tenemos una coordinación de interoperabilidad regional con los países latinoamericanos que ha dado excelentes resultados. A través de esto hay una cooperación regional para la vigilancia y protección del espacio aéreo, en donde se toma en contacto de un vuelo ilícito o se identifique, los países van pasando la información para poder explotar ese dato y en donde aterrice poder actuar en contra de las aeronaves ilícitas”, reveló Luis Cresencio Sandoval.
El objetivo de esto —dijo el funcionario— es generar una estrategia que permita actuar en contra de estos vuelos ilícitos, enfrentar los desafíos de manera regional y generar interoperabilidad.
Afirmó que la cantidad de información que se ha generado ha sido muy buena para el empleo del espacio aéreo.
“Lo vemos reflejado en que se han estado teniendo aseguramientos importantes en el mar, pero están utilizando esta ruta, porque también la ruta terrestre la tenemos cubierta a través de todos los efectivos que se tienen desplegados en la frontera sur de nuestro país con Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y con la Marina”, concluyó.
A la SCJN
No obstante, para el coordinador del Grupo Parlamentario de MC, Jorge Álvarez Máynez, el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano refuerza el proceso de militarización del país.
“Avanza con este dictamen el proceso de privatización entregándole a las Fuerzas Armadas el control del espacio aéreo y no se deben justificar esto ante el crecimiento del crimen organizado, de la violencia, de la impunidad y el miedo en el país, más deberíamos discutir un cambio de estrategia de fondo, por eso nosotros no avalamos esta iniciativa”, señaló.
En ese sentido, el diputado de MC previó que esta ley avance, pero seguramente llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque viola los principios de la preminencia del poder civil en México.
Jesús Ramírez Stabros, consultor en temas aeronáuticos, aseguró que esta ley es muy delicada, debido a que se está en la línea de tener “un espacio aéreo militarizado”.
El también ex diputado y ex secretario general de ASPA, cuestionó que los criterios para saber qué aeronave sea sospechosa sean aplicados por un Consejo encabezado por el secretario de la Defensa Nacional.
“Es un tema muy delicado, porque todo vuelo recreativo en este país, que había mucho y ahora no lo hay, se convertirían en vuelos sospechosos, sujetos a un seguimiento militar en términos de seguridad nacional, entonces es un exceso”, dijo.
Añadió que existen muchas reglas vigentes que son aplicables a la seguridad como el caso del narcotráfico —actividad que ha hecho uso indebido de pistas y espacios aéreos para el traslado de drogas— el cual se puede combatir con el uso de tecnologías como radares, sin necesidad de convertir el espacio aéreo en algo restringido o militarizado.
“Esto, en vez de fomentar la aviación privada, recreativa, experimental que genera empleos y movilidad, va a seguir restringiendo las cosas”, explicó. Recordó que se ha acabado a la aviación recreativa, debido a que la infraestructura que había se destruyó, porque alguien que no cumplía con su deber de vigilar el espacio permitió que aterrizaran aviones con droga y la solución fue acabar con esas pistas.
Ramírez Stabros aseveró que esta Ley promueve el tema de seguridad nacional, por encima de la promoción de la aviación nacional. “Se deben buscar cosas mejor hechas y menos restrictivas y que las áreas que tienen que ver en la seguridad aeronáutica cumplan de mejor manera con su tarea y no restringiendo todo el espacio aéreo nacional”, subrayó.
Así para los expertos, con la puesta en marcha de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano se espera una mejor operatividad por parte de la Sedena con la finalidad de proteger nuestro espacio aéreo contra la delincuencia organizada.
Objetivos
1) Determinar que el Ejecutivo Federal garantizará la vigilancia y protección sobre el espacio aéreo.
2) El Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo observará las maniobras de vuelo de las aeronaves y determinará si el vuelo es o no autorizado.
3) El Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano tiene por objeto la coordinación entre las dependencias para contrarrestar operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
4) El Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo será la instancia responsable de emitir políticas de coordinación para garantizar la protección del espacio aéreo mexicano.
Fuente: Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.
