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Afirman que grupos vulnerables deben ser prioridad en eventual amnistia

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El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Antonio Hazael Ruíz Ortega, consideró que casos de grupos vulnerables como personas con discapacidad, de la tercera edad, indígenas y mujeres, deben ser los primeros en ser revisados para la denominada Ley de Amnistía, propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Al término de la Primera Reunión Nacional de la Asociación de Correccionales de América Capítulo México (ACA-Mex), el funcionario señaló que el tema de la amnistía podría ser positivo, siempre y cuando se revisen los casos uno a uno en todo el país y se dé prioridad a los grupos vulnerables.

“Creo que es favorable y hay que revisar rubro por rubro a las personas adultas mayores o de la tercera edad, población discapacitada, mujeres y población indígena, creo que habría que revisar el tema de la amnistía, yo lo veo positivo y revisar a nivel nacional cada uno de los casos en todo lo que se le ha denominado como población vulnerable”, dijo.

En el caso de los sentenciados, precisó que habría que revisar si tienen alguna posibilidad de obtener algún beneficio preliberacional y verificar si los procesos se llevaron de manera adecuada y con el debido proceso, y de no ser así, interponer los recursos legales correspondientes a efecto de apoyar su defensa.

here Agregó que al principio de la presente administración había una población en reclusorios de la capital del país de alrededor de 41 mil internos, cifra que ha pasado a poco más de 26 mil 500 reos, lo que significa una reducción de más de 10 mil personas que obtuvieron su libertad

“Sería importante mencionar que sí están saliendo más y que están llegando menos a partir del nuevo sistema de justicia penal”, agregó.

Lo anterior, apuntó, es beneficioso, ya que el hacinamiento y la sobrepoblación en los reclusorios son los dos principales males que aquejan al sistema penitenciario.

“Habiendo sobrepoblación y hacinamiento, todos los servicios y toda la calidad de vida de los internos, todo el seguimiento del tratamiento y toda la seguridad, se ve siempre de manera afectada.

“Entonces al tener menos población, al haber reducido la población penitenciaria, los estándares de gobernabilidad y de atención de calidad de vida y de servicios hacia la población, han mejorado de manera considerable”, abundó.

Por otra parte, informó que ya se realiza un diagnóstico final para entregar a la siguiente administración sobre cuáles serían las necesidades en infraestructura, espacios, tecnología y mantenimiento dentro de los reclusorios.

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