Todos los días México amanece con la mala noticia de que nuevas desapariciones de personas se suman a la terrible estadística: 106 mil 853 hasta diciembre del 2022, desde el sexenio de Carlos Salinas (muchos casos ni se reportan a las autoridades).
Se dice fácil, pero eso ha implicado mucho dolor para los familiares de las víctimas.
Las desapariciones forzadas producto de la Guerra Sucia, por motivos políticos e ideológicos, son otro reprobable capítulo del mismo problema, y también pendiente de justicia.
Así pues, no es algo nuevo el delito de secuestrar y desaparecer a la gente, pero tal argumento no debiera servir de justificación -ni mucho menos- para normalizar el fenómeno.
Sin duda que antes eran casos aislados. Cabe mencionar los números para entender la magnitud del problema.
De acuerdo con datos de la consultora TResearch International -con información oficial-, una de cada tres desapariciones ha ocurrido en los primeros cuatro años del sexenio en curso, que en total sumaba 36 mil 083, a diciembre de 2022. En el gobierno de Peña Nieto, el total ascendió a 52 mil 948. Durante la administración de Felipe Calderón la cifra llegó a 16 mil 713. Valga señalar que fue con este último cuando las desapariciones dejaron de ser una cita ocasional para convertirse en una afrentosa cotidianidad.
Como referencia del gran salto que ocurrió, cabe mencionar que con Fox se reportaron solo 811 casos; con Zedillo 167, y con Salinas apenas 81.
En el gobierno de AMLO, el año 2022 cerró con la menor cifra de todo su registro, con 7 mil 601 desapariciones; falta ver si la baja se sostiene como tendencia. Aunque fuera cierto, sigue siendo una cifra muy alta.
Las autoridades deben redoblar esfuerzos para reducir al mínimo histórico ese delito. Esto incluye un decidido y permanente combate frontal a la impunidad y a la corrupción, que aceitan toda la maquinaria criminal.
El gobierno tiene que enfocarse hacia las redes criminales -con nexos internacionales- que explotan sobre todo a las desaparecidas en actividades de sexo-servicio, de narcotráfico, esclavitud laboral, robo de órganos, y otras.
Sin renunciar a sus obligaciones directas, que son perseguir sin tregua a los delincuentes, lo menos que las autoridades deben hacer es facilitar suficientes recursos a las agrupaciones de buscadoras y brindarles toda la protección judicial, puesto que se enfrentan a peligrosas redes de criminales.
Es una deuda pendiente del gobierno con las víctimas y con sus familiares.
