Describir el grave problema en el que estamos metidos como sociedad, sería algo más o menos, así. La relación creada es compleja tanto para las víctimas, como para las autoridades.
Para las primeras, supone vivir bajo constante apremio y, a pesar de eso, continuar su actividad. Si se comparte lo ocurrido, aumenta el riesgo de que la amenaza de violencia se vuelva realidad, condenándolas al silencio.
Respecto a las autoridades, quiénes teóricamente deberían de ser el único proveedor de protección, el reto es neutralizar a estos extorsionadores, con recursos limitados, poca información, desconfianza ciudadana e incapacidad, o poca voluntad de invertir en prevención, operación e investigación para cubrir la brecha de la no denuncia.
Así es. La extorsión representa un grave daño al patrimonio de las personas. Mancilla la libertad y refleja un precario Estado de Derecho, ya que las autoridades no garantizan la seguridad de los habitantes y su patrimonio en detrimento del desarrollo económico y social del país.
En México, y la mayoría de los países de América Latina, cuando hablamos de extorsión, nos referimos principalmente a tres modalidades como lo son el engaño telefónico que puede suceder cuando se recibe una llamada que informa que somos acreedores a un premio y se condiciona su entrega a cambio de alguna cantidad de dinero o tarjetas prepagadas de algún servicio.
La amenaza telefónica que sucede cuando se recibe una llamada de alguien que intenta atemorizarnos para que paguemos cierta cantidad de dinero. En estos casos, el delincuente amenaza y exige que se pague una cantidad de dinero a cambio de no atentar contra nuestros familiares o nuestra persona.
Y otro más, el cobro por derecho de piso que ocurre cuando los delincuentes se presentan directamente en el establecimiento, empresa u hogar para exigir cantidades periódicas y así garantizar la integridad física de la víctima o de su actividad comercial.
Estos fenómenos delictivos vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas e inhiben la inversión formal, principalmente de pequeños y medianos empresarios.
Asimismo, dichas conductas ilícitas afectan o ponen en riesgo el desarrollo económico regional y nacional.
De esta manera, la extorsión en México se ha convertido en un fenómeno sumamente complejo, debido a la diversidad de posibles sujetos activos que pueden cometer dicho delito. Ello se debe a que detrás de una extorsión puede estar un integrante de algún grupo de crimen organizado, autoridades de cualquier orden de gobierno, delincuentes tradicionales que se encuentran en centros de readaptación social o simplemente una persona que intenta hacerse pasar por alguien más para engañarnos con que hemos ganado un premio, entre otros tantos casos.
México está experimentando un alza considerable en el número de extorsiones conformando, a través de los distintos modus operandi en los diferentes estados de la República, uno de los principales ilícitos que afectan al sector privado.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021), las extorsiones representan el 16.9% (4.7 millones de delitos en 2020, con 5,160 delitos por cada 100 mil habitantes) de los delitos que se cometen en el país y constituyen el segundo delito de mayor incidencia, con un marcado crecimiento en 2021 y lo que va de 2022.
El 90.7% de las extorsiones, en México, se cometen vía telefónica, con un 97.9% de cifra negra.
Hay que ser claros en este tema. Este, es un problema generado por la misma sociedad. Ello ha generado no sólo graves pérdidas económicas a quienes acceden las peticiones de los delincuentes sino, además, un impacto profundo de tipo psicológico y moral que ha provocado el cierre de numerosas empresas y comercios, con afectaciones de tipo económico y social a nivel local. Cuando el problema está insertado en la misma sociedad…¿Cómo pararlo?
