Por Ariel Velázquez
Ya Investiga UIF en México red de turbios financiamientos de los fundadores, y miembros de las Fundaciones; cumpliendo con el compromiso del Presidente López Obrador de combatir corrupción o como se le podría también llamar a lo turbio y falta de transparencia de las Asociaciones Civiles A.C; a dónde van a dar los financiamientos; por eso ven necesario indagar e identificar “beneficiarios finales”, fundadores, socios o hasta llamados “dueños de las fundaciones; van con todo como lo ha reiterado el titular del área, Santiago Nieto.
Investigación a fondo porque no descartan que las fundaciones y las donatarias reciban dinero de empresas factureras o fantasmas que destinen más de la mitad de los recursos que reciben a actividades distintas a las que fueron autorizadas y que además del delito fiscal y penal, podrían perder ambos; tantos el bienhechor como el beneficiado, sus derechos para operar.
Recientemente de acuerdo con la propuesta de Miscelánea Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene registro de que al menos dos mil donatarias han operado recursos con empresas factureras o empresas fantasmas.
En México han detectado que financieras extranjeras y nacionales utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, donde aparecen personajes y empresas del mundo que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
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Ya sean extranjeros con fundaciones mexicanas, como mexicanos en paraísos fiscales internacionales. Organizaciones de Europa y Estados Unidos; tanto en Latinoamérica como en México sostienen con financiamientos a fundaciones y es por eso que ahora SAT y UIF rastrean con lupa de donde provienen y el uso que les dan a esos millones de pesos.
Las organizaciones Europeas y de E.U han encontrado en Latinoamérica fundaciones que les hacen llegar recursos; pero ahora el SAT y la UIF, rastrean presuntas redes; donde esos recursos puedan provenir de empresas fantasmas o hasta de lavado de dinero; por eso urgen ahora transparencia a todas las asociaciones civiles.
El arte de manejar las aportaciones ha llevado a crear sociedades de papel para desviar millones de pesos y pagar menos impuestos, administrar fortunas y gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de los negocios; en su mayoría también por eso se crean asociaciones civiles o se buscan fundaciones para validar la evasión fiscal.
Se presenta con las asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos deducibles. En ciertos casos, su situación patrimonial es endeble, por lo que caen en la tentación de operar con empresas fantasma.
El mecanismo es el siguiente: las asociaciones reciben donativos mediante transferencias bancarias, con el compromiso de entregar los recursos a otras empresas o personas físicas, previo descuento en su provecho de la comisión porcentual pactada. Así es como las donatarias se convierten en vehículo de paso del dinero, obstaculizando el rastreo del mismo.
Desde que fuera denunciada por el gobierno Federal, la ONG, e Indignación A.C, la Secretaría de Hacienda, indaga la aplicación de los recursos; que tan sólo en 5 años recibió en donación 15 millones 910 mil 940 pesos, según datos reportados por la misma institución; pero que no son aplicados en su totalidad a las causas y a las acciones como defensores de los derechos humanos como pregonan. Desconcierta que miembros fundadores y parte de Indignación A.C., acrecienten sus fortunas con grandes empresas y bienes inmuebles.
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Hace unos meses, AMLO reitero que los implicados o dueños de fundaciones, y asociaciones civiles, deben explicar el destino de los recursos que reciben y su relación a donde son destinados para ayudar a indígenas mayas o zonas rurales como es en el sureste del país.
SAT auditara a Indignación A. C. por los 16 MDP que recibió en donación tan solo en 3 años.
Cabe destacar que no solo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, detectó que la asociación civil Indignación A. C., recibe multimillonarios depósitos en dólares de la Fundación estadounidense Kellogg; sino que también pretextando daños ecológicos, y defender los derechos humanos acrecientan su “mina de oro”, y continúan lucrando con la pobreza de pueblos mayas, que serán beneficiados con esta obra.
De acuerdo a las pesquisas de la UIF y el SAT se detectó que: “Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C”, con Registro Federal de Causantes IPD940622EV0, con domicilio fiscal calle 17 s/N, entre 20 y 22, C.P. 97305, Chablekal, Yucatán y fundadores: Nancy Walker Olvera, Humberto Lugo Rodríguez y Beatriz Cantú Bacelis; en total hasta el momento se tiene detectado que recibió de 2014-2019, la cantidad de 15 millones 910 mil 940 pesos.
Indignación A.C., tan sólo en 5 años recibió en donación 15 millones 910 mil 940 pesos.
Cabe resaltar que durante 2018 y 2019 esta agrupación recaudó más de 6 millones de pesos en moneda de otros países; es decir, más del doble de los otros años, luego del anuncio del Tren Maya desde la campaña de AMLO, por lo que, de acuerdo a las autoridades, está claro el flujo de dinero de intereses extranjeros para oponerse a dicho proyecto.
Asimismo, se detectó que la familia de Nancy Walker Olvera, desde que fundó la Asociación desde hace 26 años, es decir desde 1994, ha creado 10 empresas en distintas ramas, mismas que ya investiga la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para determinar si hubo desvío de recursos u otros ilícitos y que pronto dará a conocer oficialmente, según trascendió.
Montos anuales recaudados
Detectan que la familia de Nancy Walker Olvera, ha creado 10 empresas desde que fundó la Asociación Indignación A.C..
Conforme a los reportes oficiales, se investigó que dicha asociación recibió en 2014 un total de 329 mil 500 pesos en moneda nacional y 1 millón 124 mil 180 pesos en moneda extranjera, en total 1 millón 453 mil 680 pesos.
En 2015 las donaciones sumaron 295 mil pesos en moneda nacional y 1 millón 281 mil 993 pesos en moneda extranjera. Una suma de 1 millón 576 mil 993 pesos.
En 2016 los recursos que reportó dicha organización sumaron 365 mil 450 pesos en moneda nacional y en extranjera 1 millón 661 mil, 852 pesos. Total 2 millones 27 mil 302 pesos.
En 2017 sumaron 430 mil pesos en moneda nacional y 3 millones 202 mil, 833 pesos en dinero extranjero. Total 3 millones 333 mil 20 pesos.
Para 2018 las aportaciones sumaron 430 mil pesos en moneda nacional y en extranjera 2 millones 903 mil 20 pesos.
En 2019 sumaron las recaudaciones reportadas 655 mil pesos en moneda nacional y 3 millones, 232 mil 112 pesos en dinero extranjero.
Y lo que les llego de las fundaciones internacionales que terminan en 2021; como lo revelara el Padre Fundador Rafael Lugo.
Es así que Indignación A. C., al verse afectada en sus particulares intereses, ya estableció “alianzas” con Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI), México Evalúa, Consejo Indígena De Xpojil, el Consejo de Silvicultura Sustentable, según detectó la UIF.
Es evidente que un ejemplo ayuda a comprender lo anterior. Supongamos que una asociación recibe 100 mil pesos de donativo, por los cuales emite un CFDI en favor de la empresa fantasma. La asociación retiene 20 mil pesos para sí, como cobro de la comisión por intermediación. Los restantes 80 mil pesos los transfiere a terceras empresas o personas físicas, quienes por su parte utilizan alguna de las modalidades antes indicadas para convertirlos en dinero en efectivo. Los sindicatos de trabajadores operan de manera semejante, con la ventaja para ellos de que los controles legales y fiscales se caracterizan por su laxitud e inoperancia
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Cabe reiterar que por eso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso en la Miscelánea Fiscal 2021 que aquellas fundaciones u organizaciones que obtengan más del 50 por ciento de sus ingresos de actividades diferentes a donativos perderán su autorización ante el Servicio de Administración Tributaria, a fin de evitar que realicen actividades lucrativas.
Además, el último párrafo del Artículo 80 de la Ley del ISR prevé que las fundaciones pueden recibir ingresos diversos con un tope de 10 por ciento del total y que, en caso de rebasar ese umbral, se tiene que pagar el impuesto. Es decir que sería un sinnúmero de organizaciones que podrían perder la categoría de donataria autorizada y otro sinnúmero de organizaciones podrían extinguirse.
Por eso ven también con urgencia detectar registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas; a quienes están detrás de todo el engranaje entre “ayuda a ayudar” y blindarse con asociaciones civiles.
Ha trascendido que ya la UIF, recibe reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar operaciones financieras y económicas, además de otra información relacionada, desde México y del extranjero. Disemina los reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas al delito fiscal.
Los mecanismos de rendición de cuentas que se aplican a estos recursos, no reflejan el cumplimiento de los objetivos para los cuales han sido entregados. A pesar de esto, no existe una estricta vigilancia hacia la aplicación de los recursos públicos que reciben dichas organizaciones para verificar que se apliquen de acuerdo a los intereses comunes de la organización.
Las organizaciones sin fines de lucro necesitan integrar mecanismos de transparencia a fin de generar la confiabilidad que se requiere para atraer a los actores económicos que puedan contribuir al desarrollo de diversos sectores a través de la inversión o financiamiento.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no genera información suficiente sobre los donativos deducibles de impuestos. Actualmente, el régimen de donatarias autorizadas exige:
a) Realizar actividades de acuerdo a su objeto social, e invertir todos sus recursos (incluyendo sus remanentes) en su objeto social.
b) Presentar anualmente un dictamen simplificado de auditoría fiscal.
c) Mantener a disposición de quien lo requiriere los originales de la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondiente a los tres últimos años y la documentación relacionada con el estatus de donataria autorizada,
d) En caso de recibir donativos en especie; llevar un control para poder identificar los bienes recibidos y entregados o destruidos, así como a los donantes que los proporcionaron. También se exige un control de las cuotas de recuperación que se obtienen por los bienes recibidos en donación.
La falta de información de parte del gobierno federal de los donativos otorgados y recibidos ha generado incertidumbre y dudas sobre la posibilidad de que los donativos deducibles se estén usándose para evadir impuestos; la exigencia de mantener la documentación a disposición de quien la requiera es inviable e insuficiente como mecanismo de transparencia y confianza para los ciudadanos.
