Urge aprobar Ley para Prevenir Desplazamiento Forzado Interno en el SENADO. Sin impedimento su aprobación, ahora que los militares ya pueden actuar en calles, comunidades y rancherías hasta 2028. Nada que celebrar. Pueblos fantasmas en Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, entre otros
Ariel Velázquez/ Especial La Chispa
Mientras los legisladores están ensimismados en el próximo proceso electoral de 2024; en México cada día, familias enteras son desplazadas de sus comunidades; de ahí que diversas organizaciones de Derechos Humanos tanto nacionales como internacionales, hicieron un llamado a la Cámara Alta para no retrasar más su aprobación, sobre todo que con la aprobación hasta 2028 de que tanto la Guardia Nacional como los militares pueden realizar acciones de Seguridad Pública.
Conforme a cifras oficiales avaladas por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, más de un millón 200 mil personas participaron en la marcha del pasado 27 de noviembre para conmemorar el cuarto año del gobierno de AMLO, número similar a los desplazados sólo en el territorio nacional, ya no se diga quienes vienen huyendo de centro, Sudamérica e incluso África. Ucrania y Oriente Medio.
“Urgimos a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado a que cumplan cuanto antes con el compromiso asumido de convocar espacios de diálogo que permitan fortalecer y avanzar hacia la adopción de una ley general sobre desplazamiento interno”.
Entre las organizaciones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), se unió al llamado de miles de personas desplazadas internamente, colectivos y organizaciones de la sociedad civil para que a las y los legisladores convoquen cuanto antes espacios de diálogo abiertos, representativos, accesibles y cuya planeación se lleve a cabo de forma transparente y colaborativa.
Desde marzo pasado revelaron se programó una reunión entre las y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos para analizar, discutir y, en su caso, aprobar una propuesta de Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, para posteriormente remitir al pleno del Senado para su votación.
DOS AÑOS “CONGELADA”
Desde que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad dicho proyecto de ley, en septiembre de 2020, su discusión y aprobación han sido muy esperadas por personas desplazadas internamente, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, autoridades de los distintos niveles de gobierno y la comunidad internacional, sostuvieron los organismos humanitarios.
“Las presidencias de las Comisiones encargadas emitieron un comunicado explicando que la decisión se debía a que, antes de la posible aprobación de una ley tan relevante y prioritaria, era necesario generar un espacio de diálogo que sea propicio para lograr un consenso plural entre legisladoras y legisladores; las organizaciones de la sociedad civil; organizaciones de derechos humanos; colectivos de personas víctimas de desplazamiento forzado; y demás público interesado en el tema”.
Entre las comunidades y poblaciones desplazadas se encuentran habitantes de los estados de Chihuahua, Sonora, Quintana Roo, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Campeche, Chiapas e incluso de la Ciudad de México, enfatizaron.
Teodomira Rosales Sierra, integrante del Colectivo y directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, reiteró que para las víctimas de desplazamiento forzado sostener un diálogo con el Senado permite dar “claridad de la gravedad de la situación a nivel nacional” y dar elementos a los legisladores para que el desplazamiento forzado se tipifique como delito.
“Entre las organizaciones y colectivos que forman parte del colectivo que apoyan la petición son, de Chihuahua, Consultoría Técnica Comunitaria, Centro de Derechos de las Mujeres, Equipo del Documental “Cruz”, Desplazados de la Comunidad del Manzano y Desplazados de Monterde; de Sonora, Colegio Sonora, Red Kaweruma para apoyo a guarijíos; de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Voces Mesoamericanas Desplazados Tzeltales de Ocosingo; de Guerrero, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Desplazados de la Comunidad de Leonardo Bravo, Desplazados de la Comunidad de Zitlala; de Quintana Roo Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam; de Michoacán Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán y Desplazados de Aguililla.
En la capital del país están también apoyando: Servicios y Asesoría para la Paz, Rede de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Centro de Seguridad Humana y Prevención, Centro de Investigación y Acción Social y Aluna acompañamiento psicosocial, y el Foro para el Desarrollo Sustentable, que realizan trabajo en los estados de Sinaloa, Sonora, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.
CIFRAS ALARMANTES
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), documentó durante el 2021, más de 40 eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia, los cuales afectaron por lo menos a 44,905 personas.
En resumen, en las últimas dos décadas supera ya el millón de personas las personas desplazadas dentro del territorio nacional, coincidieron en precisar dichas organizaciones humanitarias.
Los desplazamientos más significativos de acuerdo a dicha Comisión se registraron en 10 estados del país: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Durango, Sonora y Zacatecas.
